MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Dirección General de Inmigración ha autorizado la residencia temporal por razones humanitarias a una pareja (Imran.F. y Jenny.S.) procedente de Pakistán, que sufrió torturas por profesar religiones distintas, algo prohibido en esta república islámica, según consta en un informe del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, remitido al Congreso de los Diputados, y que recoge Europa Press.
Imran es de nacionalidad paquistaní y profesa islam, mientras que su compañera es de nacionalidad indonesia y profesa el budismo. Ella y su familia, indonesios de origen chino, fueron supuestamente objeto de diversos ataques por parte de la población indonesia, que provocaron la muerte de su esposo en marzo de 2002. Por este motivo, ella huyó a Pakistán, donde conoció Imran.
En este país iniciaron una relación de pareja y, por este motivo, sufrieron diversas torturas por parte de la policía. Según consta en el informe a Imran le fue cortado un dedo pulgar de la mano, mientras que Jenny fue objeto de varias presuntas violaciones.
REPATRIADOS A INDONESIA
Tras ser incendiada la casa en la que vivían, huyeron a Alemania el 28 de septiembre de 2004, donde les fue denegado el asilo, siendo repatriados a Indonesia. Sin embargo, este país sólo readmitió a Jenny, embarazada de seis meses, pero no a su compañero paquistaní, por lo que fueron devueltos nuevamente a Alemania.
La pareja decidió entonces trasladarse a España, dado que este país volvió a intentar su repatriación a Pakistán y se establecieron en Santander, donde nació la menor de sus dos hijas el pasado 9 de febrero.
Las solicitudes de asilo presentadas en España tuvieron que ser inadmitidas a trámite, al corresponder a la República Federal de Alemania el examen de las mismas y conforme a lo establecido en el Convenio de Dublín.
No obstante, tras la solicitud de un informe por parte del Defensor del Pueblo, la petición de apoyo al Congreso de los Diputados por el ciudadano Pakistaní, y tras estudiar los informes preceptivos de Inmigración, la Delegación del Gobierno en Cantabria concedió las autorizaciones de residencia el pasado 11 de abril.
