MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
La legislación española antidiscriminación está por debajo de la media europea debido, entre otras razones, a la "extrema debilidad de los organismos para la igualdad" según el III Índice de Políticas de Integración de Inmigrantes (MIPEX) presentado en Madrid por la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón; el director del British Council, Rod Pryde; el director del Migration Policy Group, Jan Niessen y el presidente del Foro para la Integración, Joaquín Arango.
El índice, publicado por el British Council y el Migration Policy Group con fondos de la UE, se utiliza como guía de referencia para evaluar y comparar las distintas políticas de integración en 31 países de Europa y Norteamérica, a partir de 148 indicadores políticos que abarcan desde la reagrupación familiar hasta la movilidad en el mercado laboral, la Educación, la participación política y el acceso a la nacionalidad, la residencia y la lucha antidiscriminación.
En este tercer informe anual, España recibe una puntuación de 63 sobre cien, "ligeramente favorable", avanza tres puntos desde el último estudio, realizado en 2007 y se sitúa en la octava posición de los 31 países, por detrás de Suecia, Portugal, Canadá, Finlandia, Países Bajos, Bélgica y Noruega, aunque su situación en la tabla varía en función de cada área analizada.
Así, en materia de antidiscriminación, España ocupa la vigésimo primera posición, por detrás de países como Lituania, Rumanía o Grecia, y obtiene 49 puntos sobre 100, por lo que se encuentra "ligeramente menos preparada para luchar" contra este fenómeno que la media de los países europeos "por la extrema debilidad de sus organismos de igualdad".
Según el MIPEX, realizado en 2010, las políticas de igualdad, "débiles en toda Europa, son aún más débiles en España" y el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas por Origen Racial o Étnico, dependiente del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, "socava la efectividad de la legislación antidiscriminatoria y los compromisos gubernamentales para lograr mejores niveles de igualdad".
España también suspende en materia de Educación, ocupando el decimotercer lugar con 48 puntos, situándose "a medio camino" de adaptar su sistema educativo, ya que, según el informe, "si los recién llegados presentan necesidades distintas" al alumnado local "son muy pocos los derechos que se aplican automáticamente" tanto para ellos, como para los padres y los profesores.
SUSPENSO EN ACCESO A LA NACIONALIDAD
Asimismo, suspende en materia de acceso a la nacionalidad con un puesto 16, 39 puntos y "la peor vía de obtención de la ciudadanía" de los principales países receptores de inmigrantes. El informe asegura que España necesita una reforma por la "discreccionalidad" y el "tiempo potencial" que requieren sus procedimientos, ya que dependiendo del país de origen, la Administración exige dos o diez años de residencia para que se puedan convertir en españoles.
Sobre este asunto, Terrón ha defendido que la interpretación del índice debiera hacerse teniendo en cuenta que España sólo exige dos años para obtener la nacionalidad a ciudadanos de muchos países latinoamericanos y, si bien la comunidad marroquí, mayoritaria en el país, debe esperar diez años, "hay que medir el impacto" de la cantidad "nada desdeñable" de latinoamericanos que se nacionalizan.
Sin embargo, para Joaquín Arango, la exigencia de dos años para unos "no corrige" la demanda de diez para otros, sino que pone de manifiesto "una monumental desigualdad" por la "anomalía e irracionalidad de la ley en materia de nacionalidad". En su opinión, la norma no se modifica por "el coste político" que tendría sostener ese debate.
Por otra parte, el MIPEX recoge que en España "el derecho al voto sigue siendo ineficaz para todos los residentes extracomunitarios", concluye el informe, que sitúa al país en el duodécimo puesto en materia de participación política porque "pese a las promesas del Gobierno sobre derecho de sufragio", son pocas las nacionalidades que pueden votar por la exigencia constitucional de reciprocidad.
DESPUNTA EN MOVILIDAD LABORAL
No obstante, España despunta en residencia de larga duración, con 78 puntos y un segundo puesto, y en movilidad del mercado laboral, ocupando la cuarta posición con 84 puntos sobre cien porque "en derechos laborales está haciendo un esfuerzo muy grande", según ha explicado Niessen, para incidir en que el Gobierno "ha hecho todo lo que ha podido para que los migrantes entre en el mercado laboral y mejoren su formación y sus posibilidades".
Asimismo, obtiene una de las mejores puntuaciones en materia de reagrupación familiar, con una tercera plaza por detrás de Portugal y Canadá y 85 puntos, pese a que "sólo ha abordado parcialmente el desproporcionado impacto de la crisis en los residentes extranjeros" y ha acometido "nuevas restricciones en la reagrupación familiar".
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