Archivo - Decenas de personas durante la manifestación por el 8M, a 8 de marzo de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo
MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
Organizaciones feministas han respaldado el blindaje del aborto en la Constitución que propone el Gobierno pero han exigido su aplicación.
En este sentido, la Federación Mujeres Jóvenes ha señalado en declaraciones a Europa Press que constitucionalizar el aborto "es mucho más que un avance legislativo" y han defendido que se trata de "un acto de justicia democrática y la garantía de que ninguna ofensiva reaccionaria pueda arrebatarlo a las mujeres en el futuro".
"Decidir sobre nuestro cuerpo es decidir sobre nuestra vida", ha asegurado para añadir que ningún derecho puede estar sujeto "al humor del Gobierno de turno ni de las pulsiones retrógradas" de quienes quieren devolver a las mujeres "a la clandestinidad".
También ha recordado las luchas históricas del movimiento feminista en España, como la movilización del Tren de la Libertad en 2014 contra el intento de reforma del Gobierno del PP. "Cada avance ha tenido enfrente la misma reacción: el rechazo y el miedo de la ultraderecha a que las mujeres vivamos libres. Constitucionalizar el aborto es, precisamente, aprender de la memoria, cerrar para siempre la puerta a retrocesos y dejar claro que nuestros derechos no son moneda de cambio en ningún tablero político", ha reivindicado.
Igualmente, se ha referido a Francia, que en 2024 se convirtió en el primer país del mundo en incluir el aborto como derecho constitucional. "España tiene ahora la oportunidad de estar a la altura, de ponerse del lado correcto de la historia", ha afirmado.
Por su parte, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha reclamado la aplicación práctica de la legislación actual sobre el aborto. "Lo que nos parece urgente es que se cumpla la ley", ha apuntado.
En esta línea, la organización de mujeres ha recordado que en 2024, en al menos 12 provincias españolas no se garantizó el acceso cercano a servicios de interrupción voluntaria del embarazo, lo que ha indicado que obligó a mujeres a desplazarse para ejercer su derecho.
Asimismo, ha denunciado que el 25% de los abortos se realizan en el sistema público de salud, y que "ese porcentaje se consigue a costa de imponer el método farmacológico, lo que significa que no se garantiza a las mujeres la elección de método, (quirúrgico o farmacológico)".
MEDIDAS FRENTE AL "ACOSO" EN CLÍNICAS
También ha criticado la falta de medidas contra el acoso en las clínicas. Así, ha denunciado que no se han impulsado las zonas de seguridad en estos lugares. "Los intentos de la extrema derecha por interferir en la capacidad de decisión de las mujeres y su intento de estigmatizar a las que deciden ejercer su derecho a abortar deben frenarse con todos los instrumentos legales de que se dispone", ha subrayado.
Aunque ha reconocido que el blindaje constitucional puede ofrecer que esté "protegido a un nivel superior", frente a intentos de derogación futura, ha insistido en que "es con un cumplimiento y aplicación escrupulosa de la legislación actual" lo que garantiza que todas las mujeres puedan ejercer su derecho a abortar "sin miedo ni coacción".