La Fiscalía reclama justicia gratuita para víctimas de accidentes en riesgo de exclusión

Actualizado: martes, 8 septiembre 2015 10:02

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía considera necesaria una llamada de atención sobre las víctimas de accidentes de tráfico en situación de vulnerabilidad económica y en peligro de exclusión social. Es decir, aquellos que, según ha destacado, al sufrimiento derivado de la escasez, unen el de la tragedia y sufrimientos derivados del accidente.

Así lo recoge en la Memoria de la Fiscalía que denuncia que el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita exime de los requisitos para disfrutar de la asistencia gratuita a las víctimas de accidentes con secuelas permanentes y lesiones que impidan realizar "las tareas más esenciales de la vida diaria", es decir, a los grandes lesionados, quedando fuera todas las demás, incluidos los casos de fallecimiento.

A su juicio, esta normativa debería centrarse de modo particular en el colectivo de víctimas de accidentes de tráfico con déficits económicos y sociales ya que sus necesidades asistenciales no se cubren. "A las alteraciones psicológicas que puedan originarse en los estados de escasez y dificultad se añade el stress postraumático con diversas modalidades de menor o mayor gravedad nacido del accidente", apunta la Fiscalía.

De este modo, apuntan que las lesiones y secuelas significan para estas personas y sus familias la pérdida de trabajo o de opciones en el mercado laboral.

En este sentido, reconoce que se ha logrado que se abonen las indemnizaciones que corresponden con la mayor prontitud, en un determinado número de supuestos. Sin embargo, critica que las demoras y el ofrecimiento de cantidades desajustadas con las normas vigentes "no es aislado" y que existe una "tarea pendiente muy relevante" en este sentido.

El informe también se refiere a otros colectivos de mayor vulnerabilidad en la circulación: los peatones y ciclistas. En casos de atropello, apunta una creciente progresión en los datos estadísticos que no cuentan con el abogado de la compañía de seguros y si además sufren dificultades económicas, su situación es extremadamente difícil en las negociaciones internas con las compañías de seguros que deben estar regidas por el principio de igualdad proclamado en la legislación contractual.

"Recibir las cantidades y asistencia debidas, conforme a Baremo y en los plazos determinados tiene mayor trascendencia y consecuencias para las personas incursas en esta situación de crisis que para las demás. El Ministerio Fiscal suple cuando es preciso las carencias de la asistencia letrada, al poder ejercitar la acción civil. Pero este control e impulso que supone su intervención, desaparece cuando no se tramita procedimiento penal por delito, lo que sucede porcentualmente en casi todos los casos", apunta el documento.

UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Por otra parte, el Ministerio Fiscal señala que, desde hace meses, se ha propuesto un protocolo de actuación coordinada del departamento con las compañías aseguradoras y los colegios de abogados extensible al sector sanitario. El objetivo es que las indemnizaciones y prestaciones sanitarias se satisfagan con prontitud y con estricta sujeción a las previsiones legales.

"El objetivo primero es que el circuito económico-asistencial sea transparente y se atajen las irregularidades que observamos en el abono de las prestaciones, demoras judiciales y extrajudiciales y fraude al seguro", apunta la Fiscalía.

El texto señala que el Fiscal de Sala puede promover la persecución penal de los comportamientos desviados cuando hay indicios de delito, auqnue la autorregulación a través de un protocolo nacional sería "un eficaz instrumento de prevención". "Beneficiaría a la mayoría de los buenos profesionales del sector del seguro, jurídico y sanitario que reciben las justas retribuciones por su actividad y no otras", defiende.

En este sentido, indica que las más beneficiadas son las víctimas y, en particular, a aquellas que sufren la exclusión social.

NUEVO BAREMO SIN ESCUCHAR A LA FISCALÍA

Finalmente, el documento se refiere al nuevo Baremo para víctimas de accidentes de tráfico, aprobado este lunes y que entrará en vigor en enero de 2016. Sobre este texto, el Ministerio Fiscal manifestó que las nuevas normas carecían de una Memoria de impacto económico con un mínimo de rigor metodológico. "Todo se reducía a informes, sin el suficiente fundamento bajo nuestro punto de vista, de una empresa subcontratada por el Consorcio de Compensación de Seguros", critica.

A su juicio, "tampoco había justificación alguna del nuevo y relevante Baremo Médico a más de las explicaciones que en la Junta dio un experto médico que trabaja al servicio de las compañías de seguros". "Menos aún existían datos o informes acerca del impacto social para analizar las consecuencias en los núcleos familiares afectados por la crisis de las nuevas normas", apunta.

Así, ha explicado que en el dictamen emitido y desde el respeto a la iniciativa parlamentaria que corresponde al Gobierno se propuso la subsanación de las deficiencias con la emisión de informes por razones no de desconfianza sino de garantía y contraste que deben emitir empresas ajenas al sector asegurador.

También y dada la enorme complejidad de las nuevas normas con remisiones a cálculos y reglas actuariales, se propuso la previsión simultánea de normas tuitivas para la debida protección de los derechos de las víctimas, sobre todo de las más vulnerables económicamente.

Pero, el Ministerio Fiscal señala que estas solicitudes "no obtuvieron respuesta" y, a fecha de redacción de la Memoria, el Gobierno ha de presentado a las Cortes el Proyecto ley sin solicitar informes al Consejo de Estado, CGPJ y Consejo Fiscal.

"Con absoluto respeto a la tarea parlamentaria, hemos de manifestar que en este momento, desde nuestro conocimiento y colaboración desde hace 3 años en la Comisión prelegislativa de Reforma, no se cuenta con una Memoria de impacto con garantías metodológicas", ha insistido.

Además, ha recordado que los riesgos son que las víctimas de accidentes reciban en su conjunto menos cuantías indemnizatorias que las actuales, en particular por la restrictiva hipótesis normativa sobre traumatismos cervicales que es el concepto indemnizatorio de mayor entidad.

"La determinación no puede hacerse con supuestos de laboratorio en base a las nuevas normas sino desde la realidad de las negociaciones que se entablarán a partir de la entrada en vigor de la Ley", ha concluido.