Aumentan ligeramente las diligencias abiertas en esta materia aunque se reducen en 169 los casos de consumo de alcohol y drogas al volante
MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía General del Estado denuncia en su informe anual de 2016 la "escasa atención" que los partidos políticos dan a la seguridad vial tal y como, a su juicio, se demuestra en la "ausencia de toda relevancia" que esta materia ha tenido en sus programas electorales. Para el departamento, la seguridad vial es una cuestión que no debe sólo limitarse a la reducción de la siniestralidad y, por ello, pide una estrategia global.
Así, señala que es necesario el diseño de un estatuto jurídico del peatón y ciclista para su convivencia armónica en la ciudad, la mejora del estado de las vías, señalización, alumbrado, reducción de límites de velocidad y estado de los vehículos con el matiz, según apunta, de que el envejecimiento del parque móvil se debe a la crisis económica y traduce la desigualdad ante la seguridad de quien no tiene recursos para costeársela.
Del mismo modo, insiste "como en memorias anteriores" en que la educación vial es "la única estrategia segura para disminuir las tragedias, casi todas evitables, que tienen lugar en las vías
públicas". En este sentido, la Fiscalía apuesta por "una educación integral, permanente y acompasada a los tiempos de orden tecnológico, sanitario, en movilidad vial y en conducción ecológica y eficiente que
incluya la percepción del riesgo y las ventajas del nuevo modelo de
comportamiento".
En cuanto a la actividad de los juzgados durante el pasado año, el documento, recogido por Europa Press, destaca que se dictaron 80.831 sentencias condenatorias en materia de seguridad vial, el 32% de las 246.937 dictadas por los Tribunales por toda clase de delitos. Además, indica que el 90 por ciento de ellas se dictaron de conformidad, es decir, con cumplimiento inmediato.
CIFRAS SIMILARES A 2015
En total han sido 55.148 penas de privación del derecho a conducir y 2.060 pérdidas de vigencia impuestas en 2016, año en el que, por lo que se refiere al resto de penas, se han acordado 50.000 condenas con multas y 27.954 de trabajos comunitarios, unas cifras de similares proporciones que años anteriores.
También es similar al dato de 2015 el número de diligencias abiertas, aunque se aprecia una ligera subida, de 97.927 casos a 98.203. Aún así, la Fiscalía destaca las "leves disminuciones" que se refieren al delito de conducción bajo la influencia del alcohol o drogas. En 2016 se contabilizaron 61.177 asuntos, 169 menos que el año anterior.
A pesar de esta aparente estabilidad en la actividad judicial, la Fiscalía se ha mostrado "alarmada" por la aplicación de la reforma de los delitos imprudentes, puesta en marcha en 2015, ya que la tendencia de los juzgados de instrucción ha sido dictar autos de archivo, incluso cuando hay indicios de imprudencia grave como en atropellos a peatones.
SIN JUICIOS POR DELITOS LEVES POR IMPRUDENCIA
"Son prácticamente inexistentes las incoaciones directas de procedimientos por delitos leves de imprudencia menos grave, con el riesgo que supone de devaluación de la respuesta penal frente a los siniestros viales y protección de las víctimas, en un mal entendido alcance de la reforma", denuncia la memoria.
Según indica el texto, algunas provincias no se ha llegado a celebrar juicio alguno por delito leve en materia de imprudencia menos grave en el ámbito de la siniestralidad vial. "La categoría, por tanto, de la imprudencia menos grave prácticamente no ha sido aplicada sino después de la tramitación de diligencias previas", denuncia.
La fiscalía también se refiere a reforma del sistema de valoración
de daños de las víctimas de accidentes, una nueva normativa para la que las Fiscalías aún no están preparada pues carecen de recursos informáticos para utilizar los programas de cálculo de las indemnizaciones, bien por no estar autorizado el navegador Google Chrome preciso para utilizar la aplicación de las entidades aseguradoras, bien
por no disponer de software actualizado.
NORMATIVA PARA COCHES AUTÓNOMOS
Finalmente, la Fiscalía repite apartado sobre los coches autónomos y también consejos. Ante la cuestiones jurídicas que suscita su futura implantación, el departamento considera que el sector del automóvil es el que precisa más urgentemente de normas de la Unión Europea y mundiales, con el objetivo de garantizar el desarrollo transfronterizo de estos vehículos.
Para la Fiscalía este asunto repercutirá, entre otros aspectos, en materia de responsabilidad civil (responsabilidad y seguros), seguridad vial y protección de datos personales y la intimidad.
