La ONCE afirma que la autorización responde a fines "de interés general y social"
BARCELONA/MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha acordado plantear un conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto por el que se autoriza a la ONCE a explotar una lotería instantánea o presorteada.
El pasado mes de enero el Gobierno catalán ya formuló un requerimiento de incompetencia ante el Gobierno central contra esta nueva lotería, requerimiento que ha sido rechazado. Por ello, el ejecutivo catalán ha decidido ahora plantear este conflicto de competencia ante el TC.
El actual Estatut d'Autonomia prevé que la Generalitat asuma la competencia exclusiva en materia de casinos, juegos y apuestas, a parte de las apuestas mutuas deportivo-benéficas.
Sin embargo, el Estado explota diversos juegos y apuestas de ámbito estatal con el aval del Tribunal Constitucional, y ha considerado en reiteradas sentencias que esta actividad no vulnera la competencia de la Generalitat porque su explotación forma parte de la competencia que la Constitución reserva al Estado en materia de Hacienda general.
Además, en una sentencia de 1998 el Constitucional también consideró que el Estado, en ejercicio de esa misma competencia, podría autorizar la explotación a la ONCE de un juego de ámbito estatal.
En el Real Decreto 1336/2005, el Estado autoriza a la ONCE a explotar una lotería instantánea, que según la Generalitat, "sin duda supondrá una disminución de la recaudación que la Generalitat obtiene actualmente de la 'Loto Ràpid', que explota directamente en ejercicio de su propia competencia en materia de juego".
En 1999, la Generalitat ya planteó un conflicto positivo de competencias frente al Gobierno del Estado en el que se ponía de manifiesto la perturbación que provocaba en la competencia autonómica la explotación por parte del Estado de una lotería equivalente. Al mismo tiempo, reclamaba la compensación de los ingresos que la hacienda de la Generalitat dejaría de recibir por la disminución de ventas de su propia lotería.
El Estado no llegó a poner en marcha esta lotería instantánea y el conflicto hoy se encuentra todavía pendiente de sentencia del TC. Según la Generalitat, la autorización a la ONCE produciría "la misma perturbación competencial y disminución de ingresos a la Generalitat".
OTRO RECURSO POR LA FORMACIÓN CONTINUA.
La Generalitat también ha acordado plantear otro conflicto positivo de competencia ante el TC por el cuarto Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas (IV AFCAP) aprobado el pasado octubre.
El TC ha reconocido la competencia autonómica para la ejecución de la legislación laboral y, por lo tanto, para la gestión de la formación profesional de los trabajadores en activo. Además, ha determinado la inconstitucionalidad del sistema de formación continua establecido en los acuerdos de 1992, 1996 y 2000 por el Gobierno central con los sindicatos y la patronal estatales.
Según el gobierno catalán, el TC reconoció la competencia de la Generalitat en la formación de sus propios trabajadores y determinó que el Estado tenía que territorializar y transferir a cada comunidad los fondos correspondientes. Sin embargo, no se refirió expresamente a los funcionarios de las administraciones locales.
El pasado mes de enero la Generalitat ya formuló un requerimiento al Gobierno central que ha sido rechazado, por lo que ahora plantea un recurso al TC.
ONCE: UN FIN "DE INTERÉS GENERAL"
Por su parte, fuentes de la ONCE indicaron hoy a Europa Press que la autorización de esta lotería a la organización "responde a fines de interés general y social".
En este sentido, agregaron que el Estado ha optado por la ONCE al considerar la gestión de este juego como un medio para financiar las actividades, servicios y cobertura destinados a las personas con discapacidad visual, así como para hacer posible la "solidaridad" de la ONCE con el resto de discapacitados.
