MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno aprobará hoy, previsiblemente, el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) en el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones de verano, según informaron a Europa Press fuentes ministeriales. El futuro texto legislativo, que --según prometió el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)-- irá acompañado de una memoria económica de unos 50 millones de euros, se remitirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.
Después de que la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, presentara al Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma el pasado 30 de junio, el Consejo de Estado dio su visto bueno al texto ministerial pero recomendó mayor concreción sobre el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), a pesar de considerar "muy positivo" el cambio de un catálogo de títulos de Grado por un registro.
Asimismo, este órgano consultivo pidió matizaciones sobre que las decisiones estrictamente académicas de las universidades privadas deberían tomarlas órganos en los que estén mayoritariamente representados los profesores. Al conocer el dictamen del Consejo de Estado el pasado 20 de julio, el MEC valoró que no aportaba ninguna observación que requiera modificaciones sustantivas pero aseguró que se incorporarán "muchas" de sus sugerencias.
Tal y como señaló la propia titular del MEC tras el anterior paso de la reforma por el Consejo de Ministros, las medidas de esta normativa no conllevan un coste elevado, señalando como la partida más alta unos 38 millones de euros para la desaparición de los cuerpos de titulares y catedráticos de Escuela Universitaria. Entonces, Cabrera auguró que se podrán incorporar algunas opiniones en la futura normativa pero manteniendo su filosofía central "nueva" y sus objetivos.
CONFERENCIA GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITARIA
Entre las novedades de la reforma universitaria, está la creación de una Conferencia General de Política Universitaria para la cooperación y coordinación entre la Administración general y las comunidades autónomas en materia de enseñanza superior. Para la negociación académica, estará el Consejo de Universidades, formado por el ministro, los rectores y cinco miembros designados por el titular del Ministerio para cuatro años.
Además, se diseñará un Estatuto del Estudiante Universitario, que preverá la constitución, las funciones, la organización y el funcionamiento de un futuro Consejo de Estudiantes. En esta línea, los alumnos que participen en la vida universitaria podrán tener un "reconocimiento académico" por ello y se perseguirá la "plena integración" de los discapacitados.
En el ámbito investigador, cabe destacar que las universidades y los organismos públicos de investigación (OPIS) podrán constituir institutos mixtos de investigación y la Universidad facilitará la compatibilidad en el ejercicio de la docencia y la investigación. En este sentido, el Ejecutivo estructurará un estatuto del profesorado universitario y del personal investigador.
PP:
Desde el PP, la secretaria de Política Social y Bienestar, Ana Pastor, criticó el texto de reforma porque "mira al pasado, no al futuro, introduce elementos que van a favor de la endogamia de las universidades, en contra de la exigencia de calidad, y en el camino emprendido por el Gobierno de desvertebran las instituciones".
Además, manifestó a Europa Press que el proyecto que aprobará mañana el Ejecutivo no cuenta con el acuerdo de las comunidades autónomas ni se ha debatido en el seno del Consejo de Coordinación Universitaria, resaltando también que el dictamen del Consejo de Estado considera criticable que no se haya dado audiencia ni a las autonomías ni a las instituciones y organizaciones del ámbito universitario. Por ello, los 'populares' ven "imprescindible" que se lleve a cabo un debate "serio y sosegado" en el ámbito universitario y autonómico.
Tras señalar que "bajo la apariencia de una reforma parcial, tiene un alcance importante porque hay una alteración profunda de elementos básicos de la vida universitaria", criticó aspectos de su contenido como que el hecho "insólito" de que se limite a decir que el Proceso de Bolonia es importante pero no se diseñan las líneas básicas de la nueva estructura de las titulaciones ni se abordan "por ninguna parte los problemas reales" a los que se enfrenta la Universidad española en la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
También denunció la "desaparición" de un sistema "homologado y homogéneo" para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, dejando un "cheque en blanco" al Gobierno para el desarrollo reglamentario de la primera fase del proceso de selección y con una segunda fase selectiva "sin ningún tipo de criterio común o norma que homologue" a las distintas universidades, advirtiendo de que este sistema provocará la desaparición del "espacio académico nacional".
Otras críticas del PP son --tal y como explicó su secretaria de Política Social y Bienestar-- que el proyecto "debilita" la vinculación de la sociedad con la Universidad, puesto que los consejos sociales "sufren una amputación importantísima" en sus funciones y el principio de la responsabilidad social inherente a la autonomía, "queda reducido a una simple declaración retórica", y que la memoria económica de unos 50 millones no permitirá converger con las universidades europeas.
Finalmente, Pastor ve "disfunciones notables" en el rediseño del Consejo de Coordinación Universitaria, dejando a las comunidades autónomas como "convidadas de piedra", en contra de las "orientaciones modernas de los gobiernos corporativos"; burocratizando" esta institución y debilitando su carácter consultivo, además de creando consejos de universidades en las comunidades autónomas con funciones "paralelas" y la consiguiente "desvertebración" del sistema universitario español.
