El Gobierno aprueba 975.000 euros a organismos de la ONU para reforzar la defensa de los derechos humanos

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes transferir 975.000 euros a dos entidades de las Naciones Unidas que trabajan en el ámbito de la protección y promoción de los derechos humanos. Con esta partida, según el Ministerio de Derechos Sociales, el Gobierno "reafirma su compromiso con un desarrollo sostenible en el que los derechos humanos y la justicia social sean centrales".

En concreto, Derechos Sociales va a movilizar 700.000 euros para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que estarán destinados a apoyar los trabajos de este organismo para "reforzar el enfoque transversal de derechos humanos en el conjunto de sus competencias".

Esta contribución económica se orienta a impulsar un modelo económico "más justo y alineado con los derechos humanos", así como a fortalecer el peso de la Agenda 2030 como base de un desarrollo "sostenible equitativo y fomentar la promoción de colaboración en mejoras regulatorias que garanticen el respeto efectivo de los derechos humanos por parte del sector empresariale las empresas privadas".

Otros 275.000 euros irán destinados a ONU Mujeres, entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Este importe se destinará a reforzar el trabajo en el desarrollo de sistemas de cuidados en América Latina y el Caribe, contribuyendo a visibilizar y revalorizar socialmente un trabajo esencial, generalmente invisibilizado y realizado mayoritariamente por mujeres. La contribución permitirá, además, reforzar las políticas públicas en materia de sistemas de cuidados, así como posibilitar y apoyar la sensibilización de organizaciones de mujeres en la agenda de cuidados y la incidencia regional.

Derechos Sociales subraya que esta inversión responde a la necesidad de consolidar políticas públicas que sitúen a las personas en el centro de la acción institucional, en un contexto internacional marcado por "crecientes desafíos y por el cuestionamientos de la centralidad de la agenda de derechos humanos fundamentales y del desarrollo sostenible, que convierten en más necesaria que nunca una respuesta firme y coordinada en favor de la justicia social, la igualdad y la dignidad de todas las personas".