El Gobierno busca un consenso básico en inmigración para aparcar la lucha partidista

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno tiene previsto alcanzar con las distintas formaciones políticas un acuerdo en materia de extranjería y establecer una serie de aspectos "básicos" que no sean objeto del enfrentamiento partidista, más allá de las propuestas legítimas que pueda incorporar cada partido en sus respectivos programas, según informaron ayer a Europa Press fuentes oficiales.

Según las mismas fuentes, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no tiene en el horizonte la puesta en marcha de una reforma de la Ley de Extranjería, al menos a corto plazo, y es partidario de desarrollar los instrumentos que ya contempla la Ley, en materia de lucha contra la inmigración ilegal e integración.

A la espera de cómo se desarrollen las conversaciones que iniciará hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, con los portavoces de todos los grupos parlamentarios, el Ejecutivo no es partidario de modificar aspectos como la ampliación del tiempo máximo de internamiento de los irregulares, actualmente fijado en 40 días.

Las fuentes consultadas indican que tampoco ve con buenos ojos la posibilidad de buscar instrumentos legales alternativos para regularizar la situación de aquellos extranjeros que quedan en libertad transcurrido el tiempo de internamiento, tal y como reclaman algunas formaciones, como sus socios parlamentarios de IU-ICV o ERC.

Según las mismas fuentes, el Gobierno cree que no existen 'varitas mágicas' para afrontar el problema migratorio y ve posibilidades de acuerdo con las fuerzas políticas. Así, el Ejecutivo cree que las distintos partidos comparten algunos puntos, como la necesidad de controlar los flujos migratorios en origen, el incremento de la vigilancia en las fronteras, potenciar una política común en el seno de la Unión Europea, el fomento de las relaciones diplomáticas con los países de origen, así como la cooperación al desarrollo.

A partir de ahí, el Gobierno tiene previsto diseñar un Plan integral con las aportaciones y aproximaciones que se produzcan entre los distintos partidos, que se podrían concretar en un documento. El Ejecutivo también tendrá en cuenta las aportaciones de las comunidades autónomas, dadas sus competencias en la materia.

Otra de las bazas del Gobierno pasa por su compromiso presupuestario que este año, sólo en el capítulo de Trabajo y Asuntos Sociales (acogida humanitaria e integración), asciende a un total de 411.639.990 euros, un 7,3 por ciento más que el año pasado y, según sus datos, más de un 200 por ciento respecto a los ejercicios presupuestarios del Gobierno del PP.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

La vicepresidenta De la Vega anunció la semana pasada tras el Consejo de Ministros que el Gobierno pondrá "todo su esfuerzo" para que el acuerdo con los partidos se produzca sin problemas como ya ocurriera con las comunidades autónomas.

Por otra parte, fuentes gubernamentales señalaron que podría ser "razonable" que se aborde el asunto de la inmigración en la Conferencia de Presidentes Autonómicos, que previsiblemente se celebrará antes de finales de año y en cuya agenda estaba previsto hablar de I+D+I. El calendario de esta reunión está por decidir, y no se definirá hasta después del 1 de noviembre, tras la celebración de las elecciones catalanas.

CONTAR CON EL PP

El Gobierno descarta tomar medidas de manera "unilateral" y no es partidario de cerrar un acuerdo sin la participación del PP. No obstante, considera que esto dependerá de la voluntad de consenso de los 'populares' y avisa de que ya se han quedado solos en tres ocasiones: durante la votación de distintas mociones en el Senado, el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo.

La última vez fue el pasado día 5, cuando el pleno del Congreso rechazó una moción del PP con propuestas para hacer frente a la actual crisis migratorias, entre ellas una modificación de la Ley de Extranjería para prohibir las regularizaciones masivas. El resto de los partidos dejaron solo al PP al entender que su iniciativa únicamente tenía una finalidad "partidista" para desgastar al Gobierno.

Por ello el Gobierno ve deseable que el PP rebaje el tono y reconsidere propuestas como la modificación del padrón para únicamente dar de alta en el mismo a los regulares o la creación de una base de datos con ilegales. Además, entiende que la postura del PP es "un tanto hipócrita" teniendo en cuenta que el actual marco legal, esto es, la Ley de Extranjería, fue impulsada durante su mandato, en el cual también se llevaron a cabo procesos de regulación de extranjeros.