El Gobierno destinará 60 millones de euros adicionales a Galicia para aplicar la Ley de Dependencia

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, firmaron hoy un protocolo de actuación que dotará a Galicia de 60 millones de euros adicionales para desarrollar las actuaciones derivadas de la Ley de Dependencia y paliar el incremento de inversión en servicios sociales que provoca el envejecimiento y la dispersión poblacional de la comunidad gallega.

En la rueda de prensa celebrada conjuntamente tras la firma del acuerdo, el titular de Trabajo subrayó que la futura ley de Dependencia "debe de adaptarse a las circunstancias de cada comunidad autónoma". Por ello, señaló que, en el caso concreto de Galicia, esta ley tiene en cuenta "el alto porcentaje de personas mayores que viven en esa comunidad, la dispersión territorial y la ausencia de verdadero compromiso en políticas sociales que se derivan de la etapa anterior", en referencia a los 16 años de Gobierno de Manuel Fraga.

El titular de Trabajo aseguró que, dado que en Galicia "el nivel actual de prestación de servicios sociales es menor que la media nacional", la Xunta y el Gobierno central tendrán que hacer "un esfuerzo superior para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades" que se persigue con la aplicación de esta ley.

Asimismo Caldera afirmó que con este "esfuerzo presupuestario" se refuerza el sistema público de servicios sociales de Galicia, y que "la respuesta de los poderes públicos se tiene que ir adaptando a las necesidades de cada comunidad". "Los gallegos saben que tendrán garantizados sus derechos, al igual que el resto de los españoles", sentenció.

Además, añadió que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia sitúa a España "a la altura de los países más avanzados" y que supone la ley "más ambiciosa en términos sociales de las próximas décadas".

SATISFACCIÓN EN EL GOBIERNO GALLEGO

Por su parte, el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado, en el que Galicia "va a tener voz y voto en el diseño y aprobación" de una norma que, a su juicio, "está llamada a marcar un antes y un después en la construcción del Estado de bienestar".

Quintana manifestó que "desde el primer momento" el Gobierno gallego mostró su acuerdo con las "motivaciones y con los objetivos" que se marcaban en el proyecto de ley, pero puntualizó que existían "campos de trabajo en los que aún faltaba llegar a acuerdos".

En concreto, el dirigente nacionalista se refirió al "modelo de financiación" y a que se tuviera en cuenta que Galicia "parte de una situación de desventaja" con respecto al resto de autonomías porque en esta comunidad existe "un déficit estructural en materia de bienestar", que, en su opinión, debía de ser "subsanado para que todas las comunidades partan de un mismo punto cero".

El vicepresidente de la Xunta agradeció "al ministro y a su equipo la voluntad de diálogo y la mejor disposición para llegar a un acuerdo". "Este punto de encuentro al que hemos llegado es bueno para Galicia y es bueno para España", concluyó Quintana.

ACUERDO PARA LOS EMIGRANTES ESPAÑOLES

El titular de Trabajo anunció que a raíz del acuerdo alcanzado con el Gobierno gallego se ha decidido que los emigrantes españoles que vuelven a España "no tendrán que esperar un periodo de carencia para poder recibir las atenciones de esta ley".

"Estas personas necesitan de nuestra comprensión y apoyo, y por tanto, se variará el periodo necesario que se exige de vivir en España para poder acceder a las prestaciones del sistema", explicó el ministro. Con esta nuevo acuerdo, los emigrantes que retornen a España podrán acceder a los servicios derivados de esta ley sin un periodo de carencia residencial.

Finalmente, otro acuerdo que se ha alcanzado es que BNG, ICV-IU, ERC apoyarán la tramitación parlamentaria de la ley. "De esta manera -explicó Caldera- la ley dispone del suficiente apoyo parlamentario para su aprobación", así que los españoles no deben de tener "ninguna duda de que entrará en vigor el 1 de enero de 2007".