MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno socialista justifica que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno porque "en algunos casos su obtención puede ser problemática por especiales circunstancias", como son los casos de "menores que viven de forma independiente, casadas o con problemas familiares y sociales, como haber sufrido abusos o problemas culturales y religiosos".
El Ejecutivo socialista responde así, en un documento al que ha tenido acceso Europa Press, al diputado de UPN Carlos Salvador, quien dirigió un batería de preguntas por escrito al Gobierno ante la nueva ley del aborto.
En el texto, el Ejecutivo recuerda que una menor "puede ser donante, operarse una apendicitis o someterse a cualquier clase de cirugía plástica" sin el consentimiento de sus padres, pero no puede llevar a cabo un aborto, hecho que a su juicio "no es coherente con la regulación general del consentimiento de menores en materia de intervenciones clínicas".
El documento añade que "si las menores tienen responsabilidad penal, si pueden casarse y tener hijos, deben poder decidir sobre su maternidad y, por tanto, si interrumpen un embarazo no deseado". El Gobierno recuerda que la legislación vigente permite el matrimonio de menores emancipados a partir de 16 años e incluso de 14 con dispensa judicial, y que a los 13 años pueden mantener relaciones sexuales consentidas.
DICE QUE LA LEY RESPETA AL EMBRIÓN
Por otra parte, el Gobierno asegura que la nueva ley "dará respuesta a esa exigencia que el Tribunal Constitucional dejó bien clara: el Estado debe proteger la vida del no nacido y ello debe hacerse desde el inicio de la gestación y hasta el momento del nacimiento". "Por eso es un delito --agrega-- provocar un aborto en una mujer sin su consentimiento en cualquier momento de la gestación".
En cuanto al papel de los hombres, el Ejecutivo dice que éste debe "atender o acompañar a la mujer en esta situación" y añade que la mejor solución posible en esta aspecto es "respetar la confianza para tomar estas decisiones del modo en que cada pareja lo entiende" y, "si no hay confianza, ni la ley ni ningún juez puede imponer su decisión a la de la mujer".
Asimismo, el escrito señala que el Gobierno no pretende hacer "una ley más permisiva" sino hacer una norma "más segura". Además, asegura que pretende dar cumplimiento "a un compromiso electoral y a un compromiso del presidente del Gobierno en su debate de investidura".
En otro orden de cosas, el Gobierno responde a Salvador que suele hablar de interrupción voluntaria del embarazo en vez de aborto porque "es la terminología mayoritariamente empleada en los países de habla hispana junto con la interrupción legal del embrazo o de la gestación".
