El Gobierno no renunciará a la paridad en empresas y listas electorales durante la tramitación de la Ley de Igualdad

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, advirtió hoy al Partido Popular de que la paridad en los consejos de administración de las empresas y en las listas electorales es un principio "intocable" al que el Gobierno no piensa renunciar durante la tramitación del proyecto de Ley de Igualdad.

Durante su comparecencia en la Comisión Mixta sobre derechos de la Mujer, celebrada en el Congreso de los Diputados, el ministro aseguró que "no va a haber acuerdo" con el PP si mantiene su rechazo a estas cuestiones y calificó a esta formación política "de derechas".

El titular de Trabajo mantiene que los planes de igualdad en las empresas (aspecto duramente criticado por la patronal CEOE) "son indispensables" y "la pieza maestra" de su proyecto de Ley. "No les gusta ya lo sé; ustedes son de la derecha y por eso no les gusta, pero díganlo. No quieren que haya planes de igualdad en las empresas. Nosotros sí y se quedarán solos", aseveró.

De hecho, el PP fue el único grupo parlamentario que se mostró contrario a introducir por Ley la paridad en los consejos de administración de las empresas y a impulsar la paridad electoral. La portavoz de este grupo en esta materia, Susana Camarero, calificó de "burda" e "insultante" la intervención de Caldera y le reprochó que se dirigiese a su grupo como "la derecha".

PARTIDO POPULAR

Camarero censuró al ministro por presentar la Ley "como si fuera la varita mágica" contra la discriminación y calificó de "intervencionistas" las medidas contempladas en el ámbito laboral. Según dijo, el PP es partidario de favorecer la representación de las mujeres, tanto en las empresas como en el ámbito político, "pero nunca desde la imposición".

Esta diputada entiende que "las mujeres no son solo una cuota" y opina que medidas como la paridad electoral puede vulnerar la constitución, así como principios como la libertad de los partidos a la hora de diseñar sus listas o la libertad de elección de los ciudadanos.

Por lo demás, el PP cree que el proyecto de Ley de Igualdad "responde a directivas europeas" y que "se queda a medio camino", dado que algunas de las medidas que contemplan ya funcionan en el ámbito autonómico. En cualquier caso, la diputada Camarero insistió en que su partido "va a trabajar para el consenso".

APOYO DE LAS FUERZAS PROGRESISTAS

El ministro 'recogió el guante', si bien señaló que sólo habrá acuerdo con el PP "para mejorar la ley" y "no para rebajarla" en sus términos. Además, confía en que saldrá adelante con el respaldo de las "fuerzas progresistas". "La derecha son ustedes. No es un término despectivo, parece que se avergüencen de ello", insistió Caldera en clave política.

Por otro lado, recalcó que su proyecto también cuenta con el aval del Consejo de Estado, órgano que --apuntó-- entre otros aspectos, valora la paridad electoral no ya como un principio para favorecer la igualdad, sino "para mejorar nuestra democracia".

El resto de las formaciones políticas valoraron de manera positiva esta norma, si bien realizaron algunas advertencias. Rosa Bonás, de Esquerra Republicana, reclamó a Caldera que "no use la demagogia", ni use a las mujeres desde el punto de vista político.

Asimismo, la senadora del grupo de Progresistas Catalanes María Baig (ERC) le reclamó un respaldo presupuestario a la norma, teniendo en cuenta la labor de las comunidades autónomas. Finalmente, la senadora vasca Inmaculada Loroño (PNV) señaló la necesidad de preservar las competencias autonómicas en esta materia y manifestó su preocupación ante la posibilidad de que esta norma pueda ser recurrida al Tribunal Constitucional, por la cuestión de la paridad en las listas electorales.

LA LEY DE IGUALDAD

El proyecto de Ley, que comienza hoy su trámite parlamentario, modifica todas las leyes estatales afectadas por la inclusión del principio de igualdad real, contempla un conjunto de medidas de carácter transversal en todos los órdenes de la vida política, jurídica y social.

Así, afecta a la actuación de los poderes públicos, la política educativa y de salud, la acción de los medios de comunicación, el acceso a las nuevas tecnologías y a la sociedad de la información, la política de desarrollo rural y vivienda, la política laboral, las función pública o el acceso a los bienes y servicios.

Entre las medidas, destaca la creación de un permiso de paternidad independiente de 10 días (18 a tiempo parcial), medidas específicas contra el acoso sexual, la creación de un nuevo subsidio de maternidad para las trabajadoras que no tengan la cotización mínima, así como las citadas medidas para fomentar la paridad en los consejos de administración de las empresas, en las listas electorales y en los cargos públicos. La memoria económica de la ley contempla un presupuesto de 400 millones de euros para sus primeros 6 meses de aplicación.