Actualizado 28/06/2007 16:32 CET

Gobierno y partidos identifican "disfunciones" en los ámbitos judicial y social de la Ley contra la Violencia de Género

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y los grupos parlamentarios han identificado "disfunciones" en el funcionamiento de los diferentes ámbitos de actuación que contempla la Ley Integral contra la Violencia de Género (judicial, social, sanitario), que hacen necesario nuevas medidas para hacer frente a esta "lacra social", según informaron hoy la portavoz en materia de Igualdad del Grupo Socialista, Mariví Monteserín y la presidenta de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, Carmen Alborch.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, mantuvo esta mañana un encuentro con las portavoces de las formaciones en este ámbito para analizar la aplicación de esta norma y promover la "unidad de acción".

De la Vega les trasladó el compromiso del Ejecutivo de presentar, en el plazo de tres meses, un valoración "sistemática y científica" sobre la aplicación de la Ley y a partir de los datos obtenidos promover nuevas actuaciones.

Según el PSOE, Gobierno y partidos políticos han coincidido en que el número de mujeres fallecidas no puede ser el único indicador sobre el funcionamiento de la norma. No obstante, reconocen que "hay dificultades en el día a día" que deben afrontarse desde las distintas instituciones implicadas.

En primer lugar, señalaron la necesidad de hacer hincapié en la prevención y la promoción del rechazo social hacia los maltratores, especialmente desde el sistema educativo y los medios de comunicación. Además, apelaron a la implicación de los hombres que, según Monteserín "tienen que ser, si no los primeros, al menos estar al lado de las mujeres y en su rechazo a los violentos"

"Si te pegan no te quieren. no te tienes que dejar empujar ni en el patio del colegio ni en ningún lugar de tu propia vida", destacó en la misma línea Alborch.

En el ámbito de los medios de comunicación, las diputadas volvieron a insistir en la necesidad de promover un código ético sobre el tratamiento informativa de las noticias sobre violencia de género. Monteserín y Alborch reclamaron la colaboración de expertos para analizar cuestiones como el posible efecto 'imitación', así como hacer un mayor hincapié en la reprobación del maltratador.

También abordaron las medidas acordadas en el Pleno del Congreso de la semana pasada, como la posibilidad de aplicar la orden de protección sin haber prestado audiencia previa al presunto agresor.

Por último, las diputadas socialistas manifestaron su "preocupación" por el recurso presentado por el Partido Popular contra la Ley de Igualdad, en la parte referida a la paridad de las listas electorales.