El Gobierno trasladará a la Península a los menores inmigrantes que no pueda atender Canarias

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, reconoció en su comparecencia en le Congreso que la situación en Canarias con la llegada masiva de inmigrantes irregulares es "preocupante y difícil", por lo que "es necesario redoblar los esfuerzos y no hacer políticas partidistas" sobre este asunto.

En este sentido, aseguró que el Ejecutivo "está volcado con Canarias" y anunció que el próximo 18 de septiembre se decidirá el traslado a la Península de los menores no acompañados que no puedan ser atendidos en el Archipiélago por falta de medios.

En el marco del Consejo Superior de la Inmigración se estudiarán las "oportunas fórmulas jurídicas" para que las comunidades autónomas, en colaboración con el Ministerio de Trabajo, asuman la tutela de estos menores, en función de la normativa vigente.

Caldera avanzó algunas propuestas de futuro, como el refuerzo de la colaboración con las ONG para aumentar el número de plazas de acogida.

Por otra parte, Caldera señaló la necesidad de "establecer una imagen sólida" del sistema de inspección de trabajo, mejorar la gestión de los permisos de residencia y trabajo, y "profundizar" en la regulación de los flujos migratorios en origen.

En la misma línea, el Gobierno tratará de buscar una mayor implicación de la Unión Europea en áreas como la repatriación, el desarrollo de planes de empleo y programas de microcrédito en los países de origen, así como programas de reinserción para las personas que sean devueltas.

UN FENÓMENO "UNIVERSAL" Y "POSITIVO"

En su comparecencia, el ministro hizo hincapié en que la inmigración es "un fenómeno universal" que afecta a todos los países desarrollados y señaló la necesidad de ordenar los flujos migratorios a las necesidades del mercado de trabajo.

Además insistió en que la ordenación de los flujo migratorios y su vinculación al mercado de trabajo hace de la inmigración un fenómeno "positivo". Así, según datos oficiales, desde 1999, las cotizaciones a la Seguridad Social de los extranjeros alcanzaron unos 21.500 millones de euros , y este año supondrán unos 8.000 millones de euros, una cantidad equivalente a las aportaciones realizadas por el Estado al fondo de reserva de la Seguridad Social.

En este ámbito defendió las políticas de regularización vinculadas al contrato de trabajo emprendida por el Gobierno. Según sus datos, casi 500.000 afiliados extranjeros incorporados en el proceso de normalización seguían dados de alta a 31, de julio, con una tasa de permanencia similar a la de otros colectivos, como el de los trabajadores temporales.

Por otra parte, el Gobierno concedió en los primeros seis meses del año un total de 116.000 autorizaciones de residencia temporal en españa y se espera que a final de año se hayan autorizado un total de 240.000. "Esto permite vías legales para la entrada de trabajadores extranjeros en España", destacó.