Greenpeace advierte de que modificar las normas para permitir la reapertura es "delictivo"

Actualizado 05/07/2013 21:36:00 CET

VALLADOLID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha anunciado este viernes, tras la firma hoy por parte del Ministerio de Industria de la orden por la que se declara el cese definitivo de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que tomará las acciones legales oportunas para que no prosperen medidas que pretendan evitar el cierre total de la central ya que eso sería "delictivo".

La organización ecologista ha advertido de que con esta orden de cierre, "basada en motivos económicos y no de seguridad", el Gobierno "favorece" los intereses de una compañía energética por encima de la seguridad de la ciudadanía, puesto que "ha obviado todas las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)".

Por este motivo, Greenpeace ha animado a la ciudadanía en un comunicado a sumarse a la concentración ante Garoña que se celebrará este domingo a las 12.00 horas.

El grupo ecologista ha recordado que la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que el Gobierno realizará las "modificaciones normativas necesarias para que pueda volver a la actividad", por lo que ha exigido "transparencia y legalidad" en los procesos iniciados por el Ejecutivo puesto que ya "ha iniciado" esas modificaciones al introducir la posibilidad de renovar un permiso después del cese en el proyecto de Real Decreto para la gestión de residuos nucleares.

Para la organización, los "motivos económicos y no de seguridad" que expresa la orden de cierre "son los que permitirían" reabrir la central amparándose en el citado proyecto de Real Decreto para la gestión de residuos nucleares.

"Esto no sucedería si el cierre hubiera estado basado en las razones de seguridad reconocidas por el CSN, además de que el proyecto de RD prohíbe expresamente la reapertura en este caso", ha asegurado la organización.

ARTÍCULO 404

Por otro lado, la responsable de la Campaña Nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha recordado que los actos administrativos que se dictan "a sabiendas" de favorecer intereses particulares se definen, según el artículo 404 del Código Penal, como prevaricación, al tiempo que ha advertido que el ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Soria, "debería saber" que escribir normas que favorezcan el interés particular "es un delito grave".

Finalmente, Greenpeace ha añadido que lo que ha sucedido este viernes es una prueba "más" de la connivencia existente entre el Gobierno y las grandes eléctricas en España y un caso "más" para el estudio de la Fiscalía General Anticorrupción.