LAS PALMAS, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil desmanteló hoy una red criminal que actuaba en Gran Canaria, principalmente en la capital de la isla y en la comarca del sureste, y que se dedicaba a extorsionar a indigentes y toxicómanos para adquirir vehículos nuevos de forma fraudulenta, según informó hoy a Europa Press el Instituto Armado. Han sido recuperados vehículos por valor de 417.000 euros.
La operación se ha saldado con la detención de 29 personas, 27 varones y 2 mujeres, de los que 28 han sido detenidos en Gran Canaria y uno en Tenerife - todos de nacionalidad española excepto un súbdito italiano-. Los detenidos están acusados de estafa y delitos de Falsedad Documental y Contra la Salud Pública por tráfico de droga.
La cúpula de esta organización estaba conformada por siete varones, L.P.C. de 62 años y vecino de Vecindario, C.G.O. de 22 años y vecino de Ingenio, D.G.M. de 21 años y vecino de Las Palmas de G.C., R.A.B. de 23 años y vecino de Vecindario, R.T.C. 25 años y vecino de Jinamar, J.C.B.D. de 22 años y vecino de Ingenio, O.V.G. de 21 años y vecino de Ingenio.
Entre los restantes detenidos figuran más de una quincena de indigentes o toxicómanos y otras personas que indirectamente se beneficiaban de estas prácticas ilegales.
Cada uno de los miembros de la cúpula desempeñaba un rol específico dentro de la organización, por ejemplo, L.P.C. era un perfecto conocedor de todos los procedimientos financieros para la concesión de créditos, C.G.O. tenía amplios conocimientos informáticos y era considerado un experto falsificador, R.G.M. era el encargado de reclutar a indigentes y toxicómanos, J.C.B.D. y O.V.G.
estaban estrechamente relacionados con el mundo del tráfico de drogas desempeñando distintas facetas violentas para amedrentar y coaccionar a los indigentes.
La denominada Operación LAGARTO comenzó hace un año cuando la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Las Palmas detectó una serie de actividades fraudulentas a gran escala, lo que motivó el inicio y desarrollo de unas complicadas investigaciones que se prolongaron durante varios meses.
En el marco de la operación, se averiguó que el 'modus operandi' consistía en la adquisición de vehículos nuevos mediante la falsificación de documentos.
En la capital grancanaria y en la comarca del sureste, los cabecillas de esta red captaban a personas marginadas socialmente o con bajos recursos económicos (indigentes o consumidores habituales de droga), que se prestaban a colaborar a cambio de cierta cantidad de dinero o sustancias estupefacientes, incluso en algunas ocasiones bajo amenazas, coacciones o métodos violentos.
Una vez reclutados, mejoraban su aspecto físico y posteriormente les facilitaban nóminas de percepción de haberes, certificados de retenciones y documentos falsos tanto de empresas reales como ficticias, donde se reflejaban que cobraban un buen salario siendo hipotéticamente personas con cierta solvencia y trabajadores con antigüedad en sus empleos. Además, también se llegaron a falsificar informes de vida laboral de la Tesorería de la Seguridad Social.
Seguidamente, les acompañaban a los distintos concesionarios repartidos por Gran Canaria, donde los departamentos financieros formalizaban y autorizaban los créditos solicitados, desconociendo que estos clientes eran personas con nulo poder adquisitivo.
Con este sistema, adquirieron 18 vehículos, aunque todos fueron recuperados por la Guardia Civil. El valor de estos vehículos asciende a 417.000 euros.
Una vez que los vehículos estaban en poder de los integrantes de la red, eran posteriormente revendidos a terceras personas que en algunas ocasiones los compraban de buena fe. En otros casos no se tramitaban las correspondientes transferencias ante la Jefatura Provincial de Tráfico, por lo que las multas de circulación recaían sobre el titular. También los propios cabecillas de la red se quedaban con algunos de estos vehículos para el uso y disfrute personal, siendo utilizados para carreras ilegales.
Durante el transcurso de la operación, la Guardia Civil practicó varios registros domiciliarios en los municipios de Santa Lucía de Tirajana e Ingenio, incautando diversas cantidades de cocaína, hachís, anfetamina en polvo, comprimidos de anfetaminas y anabolizantes, junto con joyas por valor de 6.000 euros, así como diversa documentación y material informático que una vez analizado ha puesto de relieve todos los procedimientos utilizados en estas estafas múltiples.
El juez titular del Juzgado de Instrucción Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria, decretó el ingreso en prisión de tres de los cabecillas, L.P.C., J.C.B.D. y O.V.G.
