SEVILLA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Alvaro Gil Robles, ha advertido de que determinados países europeos y comunidades autónomas como Andalucía o Canarias tienen una "sobrecarga enorme" derivada de la llegada de inmigrantes, muchos de ellos menores, a las costas europeas y compartió la reciente petición de la Junta de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para que la Unión Europea se implique con decisión en abordar el fenómeno.
En una entrevista concedida a Europa Press, Gil-Robles dijo que la UE "debería considerar estas situaciones dentro del programa general que tiene que activar sobre la inmigración en Europa así como medidas concretas para que los menores sigan siendo tratados de manera correcta".
Por ello, consideró "lógica" la petición de la Junta y el Defensor ya que "el problema es real y será más agudo en los tiempos que vienen". Así, abogó porque el fenómeno de la inmigración "debe sobrepasar no ya el aspecto estrictamente nacional, de España o Italia, sino ascender a escala europea y que sea asumido por la UE para ayudar a los países que lo necesiten".
El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa comprendió la "preocupación" de Andalucía con el tema de los menores inmigrantes y constató la "reciente y constante llegada de menores no acompañados" a las costas de Andalucía, Canarias e Italia.
"Aumenta el fenómeno migratorio clandestino y se eleva el número de menores lanzados por sus familias de origen para que vengan a Europa y ganen dinero de cualquier forma", lamentó Gil-Robles para condenar que esta situación origina "un enorme problema porque son una población libre, joven y especialmente vulnerable cuyos derechos los países europeos tienen que defender".
Explicó que estos jóvenes proceden de familias muy pobres del Magreb, "que a la desesperada envían a los menores a ver si en Europa, el reino de las posibilidades, pueden sobrevivir". Apuntó dos salidas, "o entran en redes de mendicidad, establecidas en numerosas ocasiones por estructuras mafiosas, o entran a trabajar de manera totalmente desprotegida y en un mundo laboral que no debería ser para ellos, que tendrían que estar en la escuela". "Es el resultado de una tremenda miseria", señaló.
El Comisario recordó una visita a Andalucía el pasado año donde se desplazó al centro de acogida de Nuestra Señora del Cobre en Algeciras (Cádiz) y valoró el "fenomenal" trabajo de la Administración. De esta manera, alabó el "enorme esfuerzo" del Gobierno español, en conversaciones con Marruecos, para la construcción de centros de acogida en el reino alauí.
"Hay muchos menores cuyas familias no quieren saber nada de ellos y en estos centros pueden obtener una formación laboral para ganarse la vida después. Es un proyecto que requerirá esfuerzo y tiempo pero que me parece muy importante", concluyó Gil-Robles.
La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro y el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, coincidían hace diez días en reclamar de nuevo la implicación del Estado, de los organismos internacionales y de la Unión Europea ante la "masiva" llegada de menores inmigrantes a las costas andaluzas.
INGRESOS EN CENTROS DE ACOGIDA
Durante el año 2005, se registraron 1.837 nuevos ingresos de menores o presuntos menores inmigrantes en los centros de protección, un 80 por ciento más que en 2004, que se sumaron a los 486 que se encontraban ya en los centros al inicio del año. De hecho, más de 1.500 menores inmigrantes no acompañados permanecen hoy día en los centros de menores de la Junta, según anotó la consejera.
Por provincias, los centros de protección de la Junta en Almería registraron 216 ingresos de menores inmigrantes no acompañados, los de Cádiz 403, los de Córdoba 81, Granada 273, Huelva 24, Jaén 44, Málaga 250 y Sevilla 87.
El pasado mes de junio la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a través de la Dirección General de Infancia y Familias, tuvo que poner en marcha un Plan de Emergencia ante la llegada masiva de menores inmigrantes a las costas andaluzas, y desde entonces ha sido necesario activarlo en siete ocasiones.
El Plan consiste, fundamentalmente, en la puesta a disposición de estos menores del resto de los recursos residenciales del sistema de protección, tanto de los de atención preferente a extranjeros de otras provincias andaluzas, como del resto de los centros de protección de titularidad pública. Con ello se suman a los 19 centros de atención preferente otros 11 más, es decir, 30 centros que disponen de una capacidad total de 560 plazas.
A través del sistema de protección a la Infancia de la Junta se garantiza la correcta atención a estos menores extranjeros no acompañados con los mismos criterios y con idénticos recursos que se aplican con los menores andaluces o del resto de España. Además, se les presta una especial atención derivada de sus propias necesidades, como es el caso de la alimentación, el respeto cultural y religioso, y la necesidad de intérprete y de mediador intercultural.
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