Junta andaluza reprocha a AI su "irresponsabilidad" por "callar durante seis meses su sospecha de abusos" en los centros

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, reprochó hoy a la organización Amnistía Internacional (AI), que presentó ayer un informe en el que advertía de malos tratos y abusos a menores en centros de protección terapéuticos, su "irresponsabilidad por callarse durante seis meses sus sospechas" sobre estos hechos.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Navarro recordó que "cualquier persona que tengan sospecha, no ya certeza, de que se está produciendo una situación de maltrato a menores tiene la obligación de ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Policía o la Justicia". "Lo que no se puede hacer, como ha hecho Amnistía Internacional, es callarse durante seis meses para terminar de elaborar un informe y sacarlo a la luz y, además, escandalizarse de lo que supuestamente han visto".

Navarro insistió en que "si se produce alguna actuación en estos centros para menores con trastorno de conducta que no es correcta hay mecanismos para detectarlo y contrarrestarlo", por parte de la propia Administración pública, así como por parte del instituciones como la del Defensor del Pueblo.

Precisó que estos dispositivos son centros a los que los menores con trastorno de conducta son derivados porque sus familias, en la mayoría de los casos "absolutamente normalizadas y sin problemas de desestructuración, no han podido resolver esta situación y han pedido la colaboración e intervención de la Administración".

APOYO A LOS TRABAJADORES

Además, la consejera mostró su apoyo "rotundo" al trabajo que realizan miles de profesionales en Andalucía y, más allá, en toda España, resaltando que su "único objetivo es garantizar los derechos de los menores e intentar por todos los medios que puedan volver con sus familias biológicas".

Así, garantizó que el propósito del Sistema de Protección de Menores es "proteger a los menores que pasan por circunstancias difíciles", para lo cual se trabaja con profesionales de manera "independiente y personalizada en función de las peculiaridades que tenga cada uno de los menores", apuntando que si un menor que tiene un problema de trastorno de conducta tiene un tratamiento médico, éste "tiene que aplicarse".

"No se puede poner en entredicho permanentemente el Sistema de Protección de Menores y la actuación de su equipo de profesionales", destacó, advirtiendo de que "hay que ser más serios y rigurosos". Asimismo, consideró que "ha llegado el momento de que la Justicia actúe y diga lo que tenga que decir sobre las CCAA, en este caso sobre Andalucía, sobre los centros de protección y también sobre las organizaciones que de manera irresponsable hacen ese tipo de aseveraciones".

Por otro lado, invitó a Amnistía Internacional a presentarse a los concursos para gestionar estos centros de protección para menores con trastorno de conducta en Andalucía, ya que, por parte de la Junta, "no hay ningún inconveniente, sino todo lo contrario". "Invito a la organización a gestionar de manera directa alguno de estos dispositivos y así tendremos la garantía de que, según ellos, ahora no tenemos, de que todo funciona bien", señaló.

La ONG Amnistía Internacional (AI) advirtió hoy de que los menores que ingresan en centros de protección terapéuticos, aquellos en los que ingresan menores con trastornos de conducta y en situación de exclusión social, "pueden ser víctimas de abusos, malos tratos, aislamiento o medicación forzada", quedando estos casos "invisibilizados e impunes por las lagunas legales existentes".

Según explicaron en rueda de prensa, los menores que ingresan en estos centros bien derivados de otros dispositivos del Servicio de Protección de Menores o a solicitud de los padres "están totalmente indefensos ante los abusos que con ellos se cometen", ya que "en primera instancia, las Administraciones ni siquiera ofrecen datos fidedignos del número de centros de este tipo que existen, las plazas que tienen o los menores que hay ingresados".

Además, tal y como criticaron, "tanto la Administración pública como las entidades privadas que gestionan estos centros dificultan que se lleven a cabo cualquier tipo de investigación independiente e incluso de instituciones como la del Defensor del Pueblo", explicando que en la comunidad andaluza tan sólo pudieron acceder "parcialmente" a uno de los centros de protección terapéutica ubicados en la provincia de Córdoba.