Junta y el Defensor del Pueblo andaluz demandan de nuevo la implicación del Estado y de la UE ante la llegada de menores

SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro y el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, coincidieron hoy en reclamar de nuevo la implicación del Estado, de los organismos internacionales y de la Unión Europea ante la "masiva" llegada de menores inmigrantes a las costas andaluzas.

Durante el año 2005, se registraron 1.837 nuevos ingresos de menores o presuntos menores inmigrantes en los centros de protección, un 80 por ciento más que en 2004, que se sumaron a los 486 que se encontraban ya en los centros al inicio del año. De hecho, más de 1.500 menores inmigrantes no acompañados permanecen hoy día en los centros de menores de la Junta, según anotó la consejera.

Por esta razón, en declaraciones a los periodistas previas a la clausura de un encuentro de expertos en materia de menores inmigrantes con la participación de representantes del Ministerio de Justicia francés y del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, Navarro señaló que "aún no tenemos respuesta de los expedientes presentados al Ministerio de Interior" en 2003 para el retorno de los menores a sus países de origen, "un procedimiento muy riguroso ya que el Ministerio tienen que pedir informes, desde la Fiscalía a los propios consulados, y que a veces se alarga en el tiempo".

Asimismo, lamentó que la UE aún no haya contestado a los requerimientos de la Administración andaluza. "No tenemos ningún complejo y cualquier delegación extranjera puede visitar los centros de protección y conocer el trato que se da a los menores para que se tenga en cuenta el esfuerzo de la Administración andaluza, porque no sólo atendemos a los de nuestra comunidad sino también a los que llegan de forma masiva por nuestra situación geográfica". Por ello, afirmó que "la UE debe tenerlo en cuenta". La idea de las jornadas es que las conclusiones "formen parte de algún informe europeo que tenga en cuenta esta circunstancia de una manera más amplia", anotó Navarro.

La consejera insistió en trabajar con los menores en sus países de origen. Garantizó "como siempre" las mejores condiciones en la atención a los menores inmigrantes. "La respuesta que se da en Andalucía no es sólo digna sino la idónea pero no significa que se pueda atender de forma ilimitada porque ningún país y mucho menos una comunidad puede atender un éxodo tan masivo", apuntó. Así, previó que, de mantenerse esta situación, "llegará un momento en que el sistema de protección de menores se resienta".

Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, reconoció en la clausura la "complejidad" del asunto por lo que sumó a la visitas de las delegaciones, "más medios económicos para un problema que tiene un cariz internacional". Comprendió la "dignidad" de emigrar ante la pobreza y precisó que la situación actual con los menores parte de las propias familias de origen. "Las soluciones deben venir con programas de cooperación y desarrollo, en este caso, un convenio específico con Marruecos para el ámbito de los menores", solicitó.

CONCLUSIONES

En las jornadas, la Junta concluyó como prioridad que los menores inmigrantes vuelvan con sus familias de origen, para lo que se inicia un trabajo en estos países. La directora general de Infancia y Familia, Carmen Belinchón, explicó que se crearán recursos y se trabajará con las familias; se utilizará el centro de Algeciras como residencia previa para volver a la tierra de origen y se contará con un centro de formación y encuentro de equipos profesionales mixtos. Con edades de 16 a 18 años, se dará una formación para una futura incorporación en el mercado laboral y, en Marruecos, actuaciones de carácter empresarial.

Por su parte, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, dijo sobre las conclusiones que "este programa no ha hecho más que empezar y aún es precipitado". Avanzó que la jornada de hoy es el inicio y que en unos días una delegación de la Fiscalía conocerá las redes asistenciales de Rumanía. Valoró la labor de la Junta ante un problema "formidable" y que "al ser un hecho delictivo muy grave, hay que conocerlo previamente para combatirlo".