La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio estudió 1.767 casos en el primer semestre del año, de los que rechazó 1.037
MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Ley de Asilo, Refugio y Protección Subsidiaria ha cumplido dos años en vigor sin que se haya aprobado un reglamento que la desarrolle y que concrete cuestiones que, según los expertos consultados por Europa Press, pueden llegar a ser "de vida o muerte" para quienes piden cobijo a España huyendo de la persecución que sufren en sus países de origen.
Así lo ha explicado en una entrevista con Europa Press la responsable de la unidad de protección de la Delegación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España, Marta García; que si bien reconoce que la ley supuso un avance en muchos aspectos, indica que también son muchas las "sombras" en su aplicación, por falta del reglamento que hace año y medio debió darle forma.
Este es el caso de los plazos, que no han sido estipulados, generando un problema "muy grave" porque, tal y como ha explicado García, "de ello depende tener a una persona retenida más o menos tiempo o que opere el silencio positivo cuando la resolución no llega". En su opinión, la "claridad" en este sentido es "fundamental" para que España tenga un procedimiento "con garantías y calidad" en el que autoridades y solicitantes sepan "qué pasos se han de seguir y qué es lo que va a pasar" en cada momento.
Lo mismo ocurre con las solicitudes de asilo en centros de internamiento y puestos fronterizos, donde los solicitantes de asilo están en muchos casos al borde de la deportación. La ley contempla la posibilidad de denegar directamente las solicitudes en lugar de inadmitirlas y, aunque el resto del procedimiento para estos ámbitos no se ha desarrollado reglamentariamente, este precepto ya se está aplicando.
De hecho, para la responsable estatal del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estela Gracia; "se está haciendo uso y abuso" de la potestad de denegar solicitudes, lo que está generando "problemas importantes", hasta el punto de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido que pronunciarse para impedir in extremis varias expulsiones ordenadas por las autoridades españolas.
Sobre este asunto, el ACNUR apunta que cuando se produce la devolución del solicitante al país del que ha llegado "no se sabe" cómo va a ser tratado ni si será enviado finalmente al lugar del que estaba huyendo. "Es especialmente preocupante si se aplica de forma poco flexible y más con ciertas nacionalidades, como los sirios, y con ciertas personas, como las potenciales víctimas de trata", ha añadido Marta García.
Desde CEAR, Estela Gracia indica que el reglamento también se echa en falta para las solicitudes de asilo en las embajadas, porque "la ley reconoce la posibilidad de que se articule algún procedimiento y al no haber desarrollo normativo, actualmente no hay posibilidad de conseguir asilo por vía diplomática".
Tampoco se han especificado los detalles del procedimiento para casos de personas especialmente vulnerables, como víctimas de trata de personas o menores no acompañados que piden asilo, ni se ha concretado la reagrupación familiar o la extensión del estatuto de refugiado a los parientes, de modo que en la actualidad se aplica con arbitrariedad, según la experta de CEAR.
"ATRAPADOS EN CEUTA Y MELILLA"
Otra de las cuestiones que no han terminado de coger forma por falta de reglamento es la situación de quienes piden asilo en Ceuta o en Melilla. Aunque en la ley se reconoce que los solicitantes con la petición admitida a trámite pueden cambiar de domicilio, en la práctica no se les permite trasladarse a la Península desde las ciudades autónomas, por lo que quedan allí "atrapados" mientras las autoridades estudian su expediente, algo que puede prolongarse más de un año.
Según explica García, los solicitantes de asilo ven cómo los inmigrantes en situación irregular van abandonando los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) con destino a la Península, por lo que en muchos casos retiran su petición con tal de conseguir un traslado. También es frecuente que el motivo de persecución que les ha llevado a España, como por ejemplo, la homosexualidad, se vuelva a manifestar estando en el CETI y tengan que enfrentarse al rechazo de las personas con las que viven.
"Es una discriminación. Son personas que han sido documentadas por el Ministerio del Interior, deben poder pasar a la Península y deben poder trasladarse de domicilio igual que cualquier otro solicitante de asilo en España. En derecho hay mucho interpretable, pero en derechos humanos siempre hay que tender hacia la protección de la persona", ha añadido García, para incidir en que el Reglamento podría aclarar este punto.
MENOS DE 2.000 SOLICITUDES EN SEIS MESES
Mientras, la cifra de solicitantes de asilo a España sigue por debajo de la media de la Unión Europea. Entre enero y junio, recibió 1.947 solicitudes de protección, la mayoría en territorio. De ellas, 1.077 han sido admitidas a trámite, frente a 164 que resultaron denegadas y 47 que fueron inadmitidas.
En total, la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio estudió 1.767 casos en el primer semestre del año de los que 1.037 recibieron una respuesta desfavorable, frente a un 9,1 por ciento de los casos (194) que se saldaron con el reconocimiento del estatuto de refugiado, según datos oficiales recogidos por Europa Press.
Hasta septiembre se registraron además, 177 peticiones en los aeropuertos y 237 en los Centros de Internamiento de Extranjeros, aunque de todas ellas, sólo la cuarta parte (103) pasó el primer filtro, de modo que el resto de los solicitantes fueron devueltos a los países de los que procedían.
Sobre este asunto, los datos reflejan que el 18 por ciento (75 casos) de las recomendaciones positivas del ACNUR sobre solicitudes cursadas en Centros de Internamiento y aeropuertos hasta septiembre fueron desoídas por las autoridades, al igual que el 25 por ciento de las peticiones registradas hasta agosto en territorio.
