MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
Más de 80 organizaciones entre ONG, sindicatos, asociaciones y colectivos organizadas en la Red por el Derecho a Tener Derechos, han suscrito un manifiesto para expresar su "rechazo frontal" al Reglamento de Extranjería elaborado por el Gobierno y que, previsiblemente, se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros, al considerar que generará "inseguridad jurídica" y provocará la "vulneración de derechos" del 12 por ciento de la población que vive en España.
Así lo han expuesto en rueda de prensa los representantes de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (FERINE), Víctor Sáez; SOS Racismo, Lluc Sánchez; La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Nacho Murgui; y del Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos (CEDEHU), Clara Redal.
Entre otras críticas, estos colectivos denuncian el "secretismo" y la "falta de transparencia" que ha rodeado el borrador del Reglamento porque consideran que dar 15 días de plazo de alegaciones públicas para "un texto de más de 300 artículos" ha sido insuficiente. Además, consideran que el Gobierno "ha dejado fuera" a las organizaciones que "trabajan día a día" con los inmigrantes, conforme ha señalado Murgui.
Sobre el contenido en sí del Reglamento, los firmantes del manifiesto se han centrado en una serie de reivindicaciones que, según ha explicado Redal, han transmitido tanto al Ministerio de Trabajo como a los grupos parlamentarios: una regularización para todas las personas actualmente en situación irregular, y que no se imponga la expulsión por mera estancia irregular, entre otros asuntos, como la desaparición de los Centros de Internamiento.
Según ha señalado Sánchez, el Reglamento introduce "conceptos jurídicos indeterminados, como el esfuerzo de integración", que en su opinión van a derivar en una "arbitrariedad brutal en la administración". "Es injusto, penaliza a la población más vulnerable y va a suponer problemas en la aplicación", ha asegurado.
Por su parte, Sáenz ha puesto el acento en que esta norma, que a su juicio "trata a los inmigrantes como mercancía", complica la burocracia de forma que supone "un menoscabo" de los derechos de los migrantes. Así, considera que "en lugar de avanzar en garantías, lo hace en recortes" al tiempo que "estimula la xenofobia y el racismo porque incita a la búsqueda de chivos expiatorios" para problemas sociales como el paro.
Sobre este asunto, los representantes de las distintas entidades han añadido que "una norma como esta no ayuda" a frenar el racismo y la xenofobia ni a sacarlos del discurso político. "Nos preocupa que se abra camino en periodo electoral a un populismo que juegue con mensajes como los españoles primero", explican las organizaciones, para incidir, en palabras de Sánchez, en que los políticos deberían "servir de freno" a estas manifestaciones "en lugar de canalizarlas".
