Imagen de la finca Veta la Palma en el Espacio Natural de Doñana. A 2 de marzo de 2026 en Puebla del Río, Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press
MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha asegurado que actúa dentro de sus competencias para cerrar los pozos ilegales de Doñana después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya formalizado este viernes una demanda a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en la que se le pide que exija medidas de reparación a quienes extraen ilegalmente agua en este espacio, según han señalado fuentes del organismo a Europa Press.
"La Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) actúa dentro de su competencia cerrando pozos ilegales cuando corresponde, pero no tiene la facultad de cerrar o precintar fincas, ya que estas cuestiones recaen en otras administraciones. Se espera que todas las administraciones implicadas cumplan con los compromisos adquiridos y ejerzan sus competencias de manera coordinada", indican.
De esta forma, destacan que la CHG ha venido actuando de manera "continua y coordinada" con la Fiscalía, la Guardia Civil y sus propios servicios ambientales en lo que concierne a la intervención de las parcelas identificadas en el entorno de Doñana. Según dicen, la Confederación mantiene en su actividad ordinaria expedientes abiertos en aquellos casos en los que se detecta una extracción de agua sin concesión o que supera los límites establecidos en la concesión.
Además, interviene de inmediato en cuanto identifica una extracción de agua irregular. "(Esto) demuestra que la actuación no se inicia ahora, sino que ya se encontraba en marcha antes del requerimiento de la Fiscalía. Como parte del proceso, se continuará informando puntualmente a la Fiscalía sobre todos los pasos que se den en este sentido", recalca.
Según explican fuentes del organismo, la CHG ha elaborado un plan específico de intervención en Doñana con toda la información recabada para revertir la sobreexplotación de las masas de agua subterráneas que se han visto afectadas. Desde su inicio, dicen que se ha logrado reducir a menos de la mitad la superficie de regadío irregular detectada en su momento.
"Se sigue trabajando con el objetivo de reducir esta cifra a cero. Nuestro objetivo es claro: cero pozos ilegales. Como ya hemos logrado, por ejemplo, en el Mar Menor donde tenemos activo el Marco de Actuaciones Prioritarias para el Mar Menor, un modelo de restauración hermano del que tenemos en Doñana", subrayan.
En esta línea, mencionan que recientemiente se ha implementado un sistema de teledetección basado en inteligencia artificial que permite obtener información más precisa en tiempos más cortos, que "agiliza" la respuesta ante nuevas extracciones irregulares y, al ser un sistema de consulta totalmente pública, "aporta un elemento visual que hace más visible el problema y lanza un mensaje disuasorio a los infractores".
En otro orden de cosas, recuerdan que tanto la CHG como Transición Ecológica reportan periódicamente a la Comisión Europea sobre el progreso en la restauración del equilibrio medioambiental en Doñana en un trabajo de seguimiento que se lleva a cabo en colaboración con la Fiscalía y que forma parte de la actuación interna de la administración.
Tal y como dicen, cada expediente sancionador determina las multas y las obligaciones de restitución derivadas de los daños al dominio público hidráulico. Así, la Confederación impone sanciones económicas y, cuando se generan daños al dominio público, establece la obligación de reponer el estado del terreno afectado.
"En definitiva, la CHG sigue trabajando con el objetivo de garantizar la protección del recurso hídrico en Doñana, en un marco de cooperación interadministrativa y de cumplimiento de la legalidad vigente, asegurando la restauración del equilibrio medioambiental de la zona", subrayan.