Los muertos y desaparecidos en las rutas a España en 2006 fueron 1.167, según APDH-A

CADIZ, 16 Ene. (EUROPA PRESS)

Un total de 1.167 personas murieron y desaparecieron intentando llegar a España de forma clandestina --prácticamente el triple que en 2005--, 47.102 fueron detenidos --33.126 de ellos en las Islas Canarias-- y hasta el pasado octubre se repatriaron a 10.653 inmigrantes, según los datos del informe 'Derechos Humanos en la Frontera Sur 2006' de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) presentado hoy en la capital gaditana y mañana en el Foro Social Mundial de Nairobi (Kenia).

En rueda de prensa, el presidente de la APDH-A, Rafael Lara, mostró su preocupación por el incremento de detenidos registrado el pasado año, ya que en 2004 y 2005 esta cifra ascendía a 15.675 y 11.781 personas, respectivamente. En cambio, el pasado año sólo en Tenerife fueron detenidos 17.261 personas --33.126 en total en las islas frente a los 4.715 y 8.426 de 2004 y 2005, respectivamente--, mientras que en la zona del Estrecho --costa andaluza, Ceuta y Melilla-- fueron arrestadas 6.976 inmigrantes --90 menos que en 2005--.

El informe también incluye las detenciones llevadas a cabo el pasado año en aguas jurisdiccionales africanas por el Frontex (unas 3.900), las marinas de Marruecos, Senegal y Cabo Verde y aquellas llevadas a cabo antes de que el cayuco o la patera se hiciera a la mar (unas 3.100). En total, 7.000 interceptados en el continente africano.

Lara atribuyó este "importante" incremento de aquellos que tratan de entrar y son detenidos o fallecen a el cierre "a cal y canto" el pasado año de las fronteras de Ceuta y Melilla y a los jóvenes "que han interiorizado la necesidad de fugarse de sus países porque no ven futuro" y que lo tienen "muy fácil" para emigrar por la tradición pesquera y marinera de Mauritania y Senegal, ya que cuentan con "personas experimentadas en la navegación que pueden llegar muy lejos" y con barcos abandonados "después de que la Unión Europea haya saqueado los caladeros donde iban a pescar".

En este sentido, aclaró que la existencia de un mayor número de mafias "no es el origen" del aumento de los flujos migratorias clandestinos, sino una red de gente, medios materiales y nuevas tecnologías --móviles o GPS-- "mezclada con el deseo y la desaparición por salir y el cierre a cal y canto de las fronteras".

En cuanto a los muertos o desaparecidos del pasado año, según los datos verificados por APDH-A, el número es de 1.167 --368 en 2005--, pero sus estimaciones alcanzan las 7.000 personas. De los 1.167 --un 79,7 por ciento de ellos subsaharianos--, 1.049 fallecieron en la ruta hacia las Islas Canarias y 118 en la de Andalucía. No obstante, el responsable de la asociación aseguró que "no están todos", ya que el Gobierno canario "habla de cerca de 7.000 muertos y desaparecidos sólo en sus aguas" y hay estimaciones que indican que por cada tres inmigrantes que entrar, uno muere.

A su juicio, ésto es "una catástrofe sin precedentes, mayor que otras de tipo natural que asolan ciertos países". En este sentido, lamentó que si los 7.000 muertos de Mauritania se hubieran producido a consecuencia de un terremoto "se hubiera movilizado la ayuda y la solidaridad internacional" y mostró su "pánico" a la "indeferencia" de la ciudadanía española ante estas muertes.

"DISPOSITIVO REPRESIVO" DEL GOBIERNO BAJO UNA VISION "XENÓFOBA"

Ante esta situación, el Gobierno español reacciona "con un despliegue sin precedentes y muy preocupante por el odio y el rechazo que se genera en Africa contra occidente". Así, Lara lamentó la política de repatriaciones, que hasta el pasado octubre supuso la expulsión de 10.635 personas, la mayoría de ellos procedentes de Senegal (4.864), Marruecos por la frontera de Melilla (3.891) y Marruecos (1.018).

Así, criticó que ante el aumento del flujo migratorio del pasado año, el Gobierno ha tenido una respuesta "inaudita y desproporcionada", cuando la inmigración africana es "la menor" en España, representa el cuatro por ciento del total, "se ha rechazado a 47.000 subsaharianos cuando en el país hay un millón de inmigrantes sin documentación que no proceden del Africa subsahariana".

A su juicio, el dispositivo del Ejecutivo socialista es "represivo y viola los Derechos Humanos", además de tener una "visión xenófoba y racista de rechazar a los que son negros". Esta crítica la hizo extensiva a los gobiernos de ciertas comunidades autónomas de determinado signo por su rechazo a acoger inmigrantes, lo cual tachó de "espantoso", además de acusarlos de "crear entre la opinión pública una alarma social artificiosa e injustificada y generar racismo". En concreto, Rafael Lara calificó la reacción del Gobierno canario ante la llegada de inmigrantes de "histérica, racista y bochornosa".

Así las cosas, advirtió de que el flujo migratorio "no va a cesar, la nueva generación de jóvenes seguirán intentando salir", por lo que las actuales políticas migratorias "están condenadas al fracaso y, lo peor, violan los Derechos Humanos fundamentales", ya que, tanto España como la UE "ven a los muertos, los desaparecidos, los hacinados en centros que parecen campos de concentración como efectos colaterales soportables".

Contra ello, APDH-A propone dos líneas de trabajo, una que implica un "verdadero" Plan Africa que suponga cooperación "sin contrapartidas" --entre ellas precisamente el control de los flujos migratorios--, el fin de la deuda externa, y la gestión de sus propios recursos, es decir "un cambio de mirada de política y de trato hacia el continente africano". Mientras se consigue "a largo plazo" este objetivo, la ONG aboga por un cambio de las políticas migratorias "que busque vías para que los afectados salgan de un pozo sin fondo recordando que al campo no se le puede poner puertas".