MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
Hoy se ha constituido el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado, un nuevo órgano que nace con el objetivo principal de supervisar que el Gobierno cumple la legislación en relación a las lenguas cooficiales y para "potenciar los derechos lingüísticos de los ciudadanos" de las Comunidades Autónomas donde aquellas se hablan.
El Consejo es un órgano colegiado de análisis y coordinación técnica entre los Ministerios del Gobierno sobre las cuestiones relacionadas con estos idiomas y está presidido por el Secretario de Estado de Cooperación Territorial, Fernando Puig de la Bellacasa. En los próximos días estará accesible la página 'web' del Consejo de Lenguas, que se alojará en la página del Ministerio de Administraciones Públicas.
Entre las tareas se encuentra el agilizar las traducciones que requieran los departamentos del Gobierno, tanto a lenguas cooficiales como a lenguas extranjeras, especialmente al inglés.
Asimismo, el Ministerio de Justicia ha finalizado la fase de pruebas de un sistema de traducción automática de certificados y otra documentación con destino a los ciudadanos, emitida por los registros públicos, lo que permitirá su entrada en funcionamiento en los registros ubicados en las comunidades bilingües en un breve plazo.
Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a través de la Oficina de Interpretación de Lenguas, está procediendo a la traducción a las lenguas oficiales españolas de los textos consolidados del Tratado de la Unión y del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión, que próximamente se pondrán a disposición de todos los ciudadanos.
Finalmente, el Boletín Oficial del Estado (BOE) está articulando con la Generalitat de Cataluña un mecanismo que permita reducir drásticamente el periodo de tiempo actualmente empleado en traducir al catalán y publicar en esta lengua las disposiciones legales del Estado. Este procedimiento podrá hacerse extensivo a las otras Comunidades Autónomas que tienen suscritos convenios con el BOE para la publicación de las leyes en otras lenguas.
CREACIÓN DE LA OFICINA DE LENGUAS.
El Consejo "se ha reafirmado en el compromiso del Gobierno de profundizar en esta línea de respeto y potenciación de los derechos lingüísticos de los ciudadanos", se informó hoy desde el Ministerio de Administraciones Públicas en un comunicado. Para ello, estará apoyado administrativamente por una Oficina de Lenguas.
Como primera tarea, la Oficina de Lenguas procederá a actualizar el diagnóstico de situación del que se dispone en este momento acerca del cumplimiento de la normativa vigente. Para ello, ha elaborado un cuestionario que se remitirá a todas las delegaciones del Gobierno de las comunidades con lengua cooficial con el fin de obtener en un breve plazo información fiable en el ámbito de la Administración General del Estado.
En el cuestionario se preguntará sobre la disponibilidad de modelos normalizados, material impreso, rótulos, señalizaciones viarias y carteles publicitarios en las distintas lenguas oficiales, así como sobre la capacitación del personal para atender el derecho de los ciudadanos a comunicarse con los órganos estatales radicados en su comunidad en la lengua autonómica respectiva.
El Ministerio de Administraciones Públicas, a través del Instituto Nacional de Administración Pública, ha expresado su compromiso de ampliar la oferta formativa en materia de lenguas cooficiales para el personal de la Administración General del Estado que lo requiera, atendiendo a las solicitudes que al respecto remitan los distintos departamentos.
En la presente Legislatura, un total de 19.154 funcionarios han recibido cursos de capacitación lingüística, lo que ha supuesto 67.197 horas lectivas y un coste de 1,84 millones de euros.
