La tasa de fallecimientos española es la tercera más alta de la UE
BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
La ocupación en las prisiones españolas está un 41,1% por encima de su capacidad, lo que supera significativamente la media europea, que registra una sobresaturación del 6%, según han anunciado este viernes en rueda de prensa Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF).
Según el portavoz de JpD, José Luis Ramírez, las prioridades del Ejecutivo de Rajoy demuestran que se quiere pasar "de un Estado de derecho a un estado Penal", cuestión que, según él, revelan las cifras que han presentado sobre el estado de los centros penitenciarios españoles.
Entre los datos destacados está la tasa de mortalidad en España --45,1 internos fallecidos por cada 10.000--, que es la tercera más elevada entre los países europeos, rebasada tan sólo por Eslovenia y Portugal.
También la inversión por preso en el Estado es menor que en la mayoría de países vecinos, puesto que se gastan 51,85 euros por interno al día, mientras que Alemania destina 94,41, Dinamarca --209,89 euros--, Holanda --203,93 euros--, Italia --121,24 euros-- e Irlanda --253 euros---.
Lo ha manifestado Ramírez en una rueda de prensa en la Ciudad de la Justicia junto a la portavoz de Unión de Fiscales Progresistas (UPF), Maria Moretó, quienes han criticado "la paradoja española" ya que, mientras España tiene la tasa más baja de delincuencia de la UE, registra la mayor tasa de población reclusa.
Tras la reunión que han mantenido este viernes antes de comparecer ante los medios, los portavoces de jueces y fiscales progresistas han mostrado su rechazo hacia la implantación de tasas judiciales sobre todo en Catalunya, donde hay "simetrías" de competencias, con lo que se produce una duplicidad de tasas judiciales.
También han coincidido en "la insostenible situación" de los nueve Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) repartidos por el territorio, cuyo funcionamiento se encuentra, según Ramírez, en un vacío legal.
A la luz de lo expuesto, JpD y UPF han rechazado el "autoritarismo" del Derecho Penal porque consideran que prevé respuestas inútiles e incluso crueles con un exceso de medidas de prisión que crean una falsa sensación colectiva de inseguridad o de impunidad.
