El Parlamento pide al Gobierno que investigue económicamente a los clubes de alterne y persiga el proxenetismo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer instó hoy al Gobierno a investigar económicamente a los locales de negocio en los que se ejerce la prostitución, es decir, clubes de alterne y bares de carretera, y a extremar la persecución del proxenetismo.

Son dos de las peticiones del dictamen final de la Comisión sobre la situación de la prostitución en España, aprobado por PSOE, PP, CiU, PNV y Entesa Catalana de Progrés, y rechazado por ERC, IU-ICV y Grupo Mixto.

El informe incorpora una propuesta del PP, transaccionada por el PSOE, por la que las Cortes "instan al Gobierno para que interese al Fiscal General del Estado para que dicte una instrucción dirigida a que los fiscales extremen su seguimiento y rigor en la persecución de las conductas delictivas relativas a la prostitución, con particular atención a los que se llevan a cabo en los locales de negocios".

A su vez, en el ámbito de recomendaciones legislativas y policiales, pide que se incremente la investigación y la persecución del fraude fiscal y los delitos económicos relacionados con las actividades de trata, proxenetismo y comercio sexual.

Además, el Ejecutivo deberá elaborar un Plan contra la explotación sexual que incorporará, no sólo medidas contra el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, sino otras dirigidas a disminuir la demanda de prostitución. El ministerio del Interior ya tiene ultimado un plan contra el tráfico, al que incorporará las medidas de disminución de la demanda, por lo que los socialistas creen que puede estar aprobado antes del verano.

MEDIO CENTENAR DE RECOMENDACIONES

El Parlamento realiza así medio centenar de recomendaciones de carácter general, de sensibilización, formación, atención a las víctimas, de orden legislativo y policial y también de ámbito internacional. A juicio del legislativo, se dan las condiciones para "establecer medidas que disuadan la demandan, que disuadan la compra de prostitución, medidas que conducirán a la reducción de la oferta y la disminución de las redes de trata y tráfico de mujeres".

En definitiva, el informe concluye que la prostitución y el tráfico de personas son fenómenos ligados y relacionados que no pueden separarse, aunque recuerda que el ejercicio de la prostitución no está prohibido en España, sino lucrarse económicamente de estas actividad, así como la trata de personas con fines de explotación sexual.

En todo caso, el Ejecutivo deberá elaborar también un estudio-diagnóstico en profundidad sobre la situación de la prostitución en España.

EN CONTRA DE ANUNCIOS DE CONTACTOS SEXUALES

El informe mantiene la solicitud a los medios de comunicación de que, en el marco de sus códigos deontológicos se planteen la renuncia a la publicidad relacionada con el comercio sexual para impedir el negocio de las organizaciones mafiosas dedicadas al mismo.

Como novedad, añade una petición a los proveedores de servicios de internet, para que adopten o refuercen medidas de autorregulación a fin de no incluir contenidos relacionados con el comercio sexual. También insta a las empresas, en particular a los sectores del turismo y las telecomunicación a evitar la realización de actividades que promuevan la prostitución.

Durante el debate, la parlamentaria socialista María Escudero señaló que se recomienda al Gobierno acometer, "por primera vez en la historia de la democracia, un plan integral contra la explotación sexual". Asimismo, aseguró que el texto no niega la existencia de la prostitución voluntaria, sino que prioriza la atención a las víctimas de explotación sexual.

"No se puede decir que no estamos haciendo nada --añadió--. Por primera vez se pone al Estado de Derecho a tutelar los derechos de las víctimas y se articula un sistema de protección social, reinserción y cooperación a nivel internacional".

Según su compañera de filas, Lourdes Muñoz, la prostitución mueve en España 18.000 millones de euros, supone un gasto medio en varones de 100 euros mensuales, y es consumida habitualmente por un 6 por ciento de la población. Sólo un 1,3 por ciento de las prostitutas son españolas.

NO SE PENALIZA LA DEMANDA

Por su parte, la diputada del PP Susana Camarero afirmó que el consentimiento en la prostitución no es señal de libertad, ya que se basa "en el dominio, el abuso y la explotación". "El modelo más cercano por el que apostamos es el Sueco (abolicionista) --dijo--, pero es posible que la sociedad española no esté aún preparada para medidas que persigan la demanda (penalización del cliente), aunque sí para tratar de disuadirla".

Desde CiU, Mercé Pigem recordó que si desaparecen las barreras legales, desaparecen también las éticas. "Muchos hombres que no pagarían por consumir prostitución, lo harán si es legal --recalcó--. Y el mensaje que mandaríamos a los jóvenes es que las mujeres son meros objetos sexuales ligados al deseo y al poder adquisitivo, porque no hay prostitución sin demanda y sin cartera".

De la misma opinión fue la senadora de PNV, Inmaculada Loroño, que recordó que es difícil pasar de no hacer nada a asumir al 100 por cien de un modelo concreto. En mitad de este posicionamiento se situó la senadora de Entesa Catalana de Progress (PSOE, IU-ICV y ERC en el Senado) María Assumpta Baig i Torras, cuyo grupo apoyó el informe pero criticó la falta de valentía del Grupo Socialista.

El bando opuesto lo defendieron ERC, IU-ICV y Grupo Mixto, que presentaron una batería de votos particulares para la regulación de la actividad y el reconocimiento de derechos laborales y de organización. Georgina Oliva (ERC), José Ramón Urrutia (EA) y Carme García (IU-ICV) señalaron que la peor situación posible es mantener la alegalidad de la prostitución.

LO QUE SE PUEDE Y NO VENDER

García echó mano de la intervención en la Ponencia de la profesora de la Universidad de Barcelona Dolores Juliano: "Si algo no se puede ni se debe hacer, no se puede hacer ni gratis ni cobrando. Si algo se puede hacer gratis, cobrar por ello no lo convierte en perverso ni denigrante". "Dejamos a las mujeres que ejercen la prostitución más indefensas que antes de la celebración de esta Ponencia al negar la actividad", añadió la parlamentaria.

La contestación vino de la mano de la diputada de CiU, Mercé Pigem. "Según nuestro sistema jurídico, hay cosas que pueden hacerse gratis y son un delito si se cobra por ellas: se puede dar un hijo en adopción pero no se puede vender; se puede donar un órgano pero no se puede vender. Ni siquiera una mujer puede alquilar su útero en España", argumentó.