HUELVA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Subdelegación del Gobierno en Huelva confirmó hoy la detención de un agente de la Policía Nacional, dos trabajadores no adscritos y un funcionario de la Oficina de Extranjería de Huelva por la presunta venta de papeles a inmigrantes irregulares a cambio de dinero o sexo. Los detenidos han pasado a disposición judicial y no se descartan nuevas detenciones. El PSOE ha manifestado su confianza en que el suceso sea un hecho aislado. Comisiones Obreras ha calificado este comportamiento de "indecente" y Andalucía Acoge ha exigido una amplia investigación sobre el trato a los inmigrantes.
La Subdelegación del Gobierno confirmó hoy las detenciones que este miércoles avanzó el diario 'El Mundo.Huelva Noticias'. En un comunicado, informó de que el Cuerpo Nacional de Policía "llevaba tiempo investigando, a instancias de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, unas presuntas prácticas irregulares que venían sucediéndose en la Oficina Unica de Extranjeros, investigaciones que han coincidido con diversas denuncias presentadas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva".
Las investigaciones condujeron a una actuación puntual en la Oficina Unica de Extranjeros que desembocaron en la detención de un agente de policía, un funcionario y dos trabajadores no adscritos por su presunta vinculación con una red de falsificación de permisos a extranjeros".
Según informa el diario onubense, los detenidos cobraban hasta 6.000 euros por los trámites para la consecución de permisos de trabajo y residencia de inmigrantes irregulares. No obstante, si la solicitante era una mujer y la encontraban suficientemente atractiva, podían cobrar las tasas en forma de favores sexuales. En la investigación han aparecido referencias a un coche, aparcados cerca de la Oficina de Extranjería, que servía de "ventanilla de cobro".
El secretario general del PSOE de Huelva, Javier Barrero, confió hoy en que estos hechos sean "puntuales" y destacó la "magnífica" labor que realizan los funcionarios que son "unos grandes servidores públicos". En su opinión, la operación demuestra que "la democracia funciona y que la justicia velará por los derechos de los ciudadanos y perseguirá a los culpables de prácticas ilegales".
De la misma forma, felicitó a la Policía y a la Subdelegación del Gobierno por las investigaciones llevadas a cabo, que "forman parte de la normalidad democrática al detectar indicios de criminalidad y que se salda con detenidos que se remiten al juzgado".
El secretario general del PA de Huelva, Ernesto Abel Herrera, pidió que "se depuren responsabilidades hasta las últimas consecuencias". El máximo responsable del PA en Huelva reconoció "no entender cómo se puede tener tan pocos escrúpulos con gente que muchas veces roza la indigencia llegando a una situación tan límite".
"INDECENTE"
El secretario de CC.OO. de Andalucía, Francisco Carbonero, cree que es "indecente" que existan personas que "puedan especular con la situación de vulnerabilidad de los inmigrantes". Por ello, exigió que los mecanismos de investigación funcionen el peso de la Ley recaiga sobre quien haya cometido esta tropelía".
En este sentido, aseveró que "no habrá integración social si antes no se produce una integración laboral" y aseguró que el sindicato "velará por que se produzca esta igualdad entre todos los trabajadores, pues en caso contrario el mercado de trabajo se deteriorará, lo que a medio o largo plazo puede provocar una fractura social".
Finalmente, la ONG Andalucía Acoge exigió que se abra una "amplia investigación" en toda la Administración sobre el trato recibido por los inmigrantes. El presidente de la ONG, Abderrahmane Essaadi, consideró esta presunta trama como un "escándalo" de la Oficina de Extranjería y una "mala imagen de la Administración, que debe trabajar por la preservación de los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los inmigrantes, y, en cambio, parece que viven a costa de ellos".
Essaadi reconoció que "se venían escuchando rumores sobre el mal funcionamiento y el mal trato de los funcionarios en esta instancia, pero no había pruebas como para denunciar". De todas formas, recordó que "es muy difícil que los inmigrantes irregulares denuncien tanto por miedo como porque han obtenido sus permisos de forma irregular" y consideró que, "dentro del escándalo, el hecho de que haya detenidos es una buena noticia que puede servir para limpiar el virus que contamina a la Administración".
