La PDLI pide reforzar "de forma efectiva" el secreto profesional y limitar "estrictamente" sus excepciones

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de Libertad de Información (PDLI) pide al legislador y a las instituciones públicas reforzar "de forma efectiva" el secreto profesional de los periodistas y limitar "estrictamente" las excepciones previstas en el anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información, aprobado en julio de 2025 por el Gobierno.

Así lo recomienda la plataforma en el informe 'La libertad de información en España. Balance 2025', al que ha tenido acceso Europa Press. A juicio de la PDLI, con la actual redacción, "las fuentes podrían quedar menos protegidas, lo que podría reducir la disposición de personas a filtrar información de interés público por miedo a represalias".

Además, la organización cree que los periodistas podrían verse obligados a revelar fuentes en mayor número de casos o ante criterios judiciales más amplios, lo cual "debilita" su independencia y capacidad investigadora. "Al tratarse de una ley orgánica --lo que implica mayor rango--, cualquier debilidad en su redacción repercutirá fuertemente sobre la práctica del periodismo", sostiene.

En relación con la Ley de información clasificada, la plataforma cree que plantea "riesgos indirectos" para la prensa. Por ejemplo, señala que la "enorme" duración de los plazos de clasificación "favorece la opacidad de documentos que podrían tener interés público o servir para investigaciones periodísticas".

"Si los criterios para la clasificación o desclasificación son amplios o insuficientemente controlados, puede convertirse en un instrumento que limite el acceso a información crítica para los medios", sostiene la PDLI en su informe, donde aconseja garantizar que la ley incorpore "plazos razonables y mecanismos independientes de revisión".

En cuanto a la reforma del reglamento interno del Congreso que regula las acreditaciones de prensa parlamentaria, la organización reclama evitar "el uso discrecional de sanciones o acreditaciones que puedan restringir el acceso de medios al Parlamento".

Por otra parte, la PDLI pide a las administraciones asegurar que la regulación del entorno digital respete plenamente la libertad de información y el control judicial; y proteger "de manera activa" a los periodistas frente a agresiones, acoso y presiones judiciales.

"2026 será un año decisivo para determinar si España refuerza las garantías de la libertad de información o consolida un escenario de presión estructural que debilite el papel de la prensa como pilar del Estado de derecho", concluye.