MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -
Portavoces parlamentarios del Congreso de los Diputados se mostraron escépticos ante el sistema de financiación propuesto en el Proyecto de Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en el marco de una mesa redonda celebrada por el periódico 'cermi.es'. Así, María Salom, del Grupo Popular, destacó que un sistema que dependa de la firma de convenios anuales con los gobiernos autonómicos "no parece muy sostenible". Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Esperanza Esteve, contestó que la corresponsabilidad de las comunidades autónomas es imprescindible porque "la que quiera recibir dinero del Estado también se tendrá que comprometer a cooperar".
Igualmente, la portavoz de IU-IC Verds, Carme García, aseguró que ellos hubieran apostado "por una ley más consecuente con las competencias y el encuadre constitucional, y que, además, dependiera directamente de la Seguridad Social". Emilio Olabarría, del Grupo Nacionalista Vasco, también se mostró de acuerdo con esta postura, a lo cual la portavoz socialista contestó arguyendo que es preferible que el sistema forme parte de los presupuestos generales del Estado, como lo son la sanidad y la educación, y no de algo tan "fluctuante" como son las pensiones de la Seguridad Social.
Según la opinión del PP, la financiación planteada no es sostenible en el tiempo. "Creemos que en esta ley el señor Zapatero pospone la financiación a futuros gobiernos, que se apañe el que venga. En la práctica no lo sabemos porque la memoria justificativa de esta ley no dice absolutamente nada", añadió Salom. "Es totalmente inconcreta, pone unas cifras, pero nada las justifica", matizó.
Para García, muchos problemas "se resolverían" si cuando un grupo parlamentario realiza una propuesta la acompañara también de cómo cree que debe ser financiada. "No podemos convivir con partidos que han estado muchos años en el Gobierno y que ahora digan que esta ley tiene que ser mucho más garantista, que no tiene que haber copago, y no se diga cómo y de qué manera debe hacerse", explicó.
Se trata, por tanto, según la portavoz de IU-IC Verds, de "definir qué ingresos y qué gastos tenemos y hacer propuestas que sean coherentes con aquellas cuestiones y leyes que queremos desarrollar". Esta propuesta fue aplaudida por la portavoz socialista, quien consideró "muy buena" la idea de presentar una ley con memoria económica, porque así "es posible discutirla y modificarla".
Esteve manifestó que "estamos ante una situación dinámica que, con evaluaciones periódicas, tendremos que ir ajustando con el tiempo cuando tengamos mayor conocimiento de cuál es la demanda y los niveles de respuesta".
COMPETENCIAS AUTONÓMICAS.
En cuanto a las competencias autonómicas, Carles Campuzano, del Grupo Catalán, consideró que el Proyecto "supone una invasión de las competencias exclusivas autonómicas en materia de servicios sociales". Asimismo, los diputados nacionalistas vascos vaticinaron que el Proyecto "vendrá a dislocar el buen hacer de las administraciones autonómicas en el campo de la asistencia social".
Por su parte, Esteve destacó la importancia de la participación de las comunidades autónomas en el desarrollo posterior de tres decretos, que regularán las prestaciones y servicios, con lo que se completará el texto actual. Sin embargo, "no lo podemos hacer previamente por razones obvias competenciales, que tiene que ver con las condiciones de acceso y la valoración, las prestaciones económicas y la participación de los beneficiarios en el coste", aseveró.
SIN ÁNIMO DE LUCRO O EMPRESAS PRIVADAS.
Respecto a la oferta de prestaciones y servicios, Olabarría afirmó que la coparticipación de los beneficiarios "no debe llevar al abuso y enriquecimiento de las entidades financieras"; sobre las organizaciones sin ánimo de lucro, señaló que "este proyecto no institucionaliza, bien al contrario, las omite totalmente como entidades colaboradoras".
No obstante, para la portavoz socialista el concurso de las organizaciones sociales es "imprescindible", pero también del sector privado con ánimo de lucro "porque acreditan la calidad y un buen servicio". "Aunque quisiéramos ahora improvisar el sistema de servicios, no podríamos, porque en el mercado no existen los servicios necesarios", añadió.
