CIUDAD REAL, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
La diputada nacional del PP por Ciudad Real, Carmen Quintanilla, aseguró hoy que el Gobierno de Afganistán pretende, con el impulso de la nueva Ley Talibán, "poner el burka a las mujeres y sesgarles totalmente su libertad", criticando así que se retroceda en los derechos humanos de las mujeres.
En rueda de prensa, Quintanilla dio a conocer el contenido de la Proposición No de Ley presentada por el PP en el Congreso de los Diputados, por la que pide al Gobierno central que interceda para que el Ejecutivo afgano no refrende dicha norma, que contiene artículos contrarios a los derechos humanos de las mujeres.
"Considera a la mujer como una persona de segunda clase", dijo la parlamentaria, a la vez que comentó varios artículos discriminatorios que "atentan contra la dignidad de la mujer". Por ejemplo, en el artículo 132 se recoge que la mujer está obligada a satisfacer los deseos sexuales del marido, así como en el 133 le otorgan a éste la capacidad para decidir si su mujer tiene que ser educada, puede trabajar o participar en actos de protesta.
Quintanilla también criticó que el 57 por ciento de las niñas menores están casadas en Afganistán, y entre el 70 y el 80 por ciento son forzadas al matrimonio, además de que las madres pueden perder la patria potestad de sus hijos si la solicitan familiares directos.
Por ello, la parlamentaria explicó que en la moción piden a la comunidad internacional que rechace dicha norma "que vulnera los derechos de las mujeres", así como solicitan al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se contemple --cuando ostente la presidencia de la UE-- en el Plan de Igualdad la condena a "cualquier legislación lesiva a la mujeres".
ENDEUDAMIENTO
De otro lado, la diputada 'popular' se refirió a otra moción del Grupo Popular para la creación de un fondo de emergencia social, dirigido a las familias españolas sobre endeudadas. Dicha posposición salió adelante en las Cortes con el apoyo de todos los grupos, excepto del PSOE, lo que para Quintanilla es "volver a dar la espalda el Gobierno a la familias españolas".
Recordó que la crisis ha tenido como consecuencia que 3.620.000 españoles sufran paro, de los cuales 174.000 son de la región y 45.582 de la provincia de Ciudad Real. Por ello, justificó el fondo, que tendrá como principal objetivo dar asistencia a las familias con riesgo de embargo de su vivienda, una cifra que podría alcanzar las 180.000 en España, según un informe de la ONU.
En la moción, explicó, se recogen procedimientos para "estudiar los contratos con cláusulas abusivas, las actuaciones para familias sobre endeudadas y para la mejora de la comercialización de la línea ICO". El riesgo de embargo "ha aumentado en la provincia de Ciudad Real", argumentó, pues de las 302 viviendas embargadas en 2007, se pasó a 538 en 2008.
