MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular defiende la cesión de las competencias en materia de Extranjería a la Unión Europea, por parte de los estados miembros, así como la mediación del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, con los países de origen de la inmigración, en el ámbito de la cooperación, el desarrollo y el retorno de extranjeros, según un documento interno al que tuvo acceso Europa Press.
A su modo de ver, los efectos que las legislaciones nacionales sobre inmigración pueden provocar en el ámbito de la Unión Europea y en el conjunto del espacio Schengen "exigen una profunda revisión de las competencias nacionales y comunitarias".
En primer lugar, cree que se deben adaptar "mecanismos de coordinación" de las políticas nacionales de inmigración para evitar efectos perjudiciales para otros estados miembros. Asimismo, ve necesario desarrollar un "proceso de armonización" por el que se establezcan criterios y procedimientos comunes, a la hora de idear actuaciones en esta materia, como las "normas mínimas en los procesos de concesión o retirada del estatuto de refugiado".
En este contexto, pone los ejemplos de legislaciones impulsadas por Canadá (acotar los porcentajes de trabajadores inmigrantes admitidos en cada sector), Suiza (contratos cualificados) o Suecia. Este último país --apunta el PP-- ha dado "un giro de 180 años a su política", pasando de "una visión multiculturalista como base de la integración" a "una inspiración defensora de la cultura nacional que quiere conquistar al inmigrante y que este se integre en su sociedad", con el conocimiento del idioma y el respeto a las costumbres del país de acogida.
FALTA DE UN OBJETIVO COMÚN.
El documento del PP advierte de que la falta de un objetivo común en materia de inmigración "facilita que los gobiernos nacionales actúen de manera individual sin tomar en consideración las consecuencias de sus políticas". "El ejemplo más evidente de los efectos negativos que pueden derivarse de una gestión individualista y de marcado tinte político es el proceso de regularización masiva de inmigrantes llevado a cabo en España", apunta.
Según el PP, "aunque el Gobierno lo niega" esta política "ha provocado la llamada de miles de nuevos inmigrantes": "cien mil se encuentran a la espera de tener su oportunidad para embarcarse rumbo a las Islas Canarias, 25.000 ya han logrado su objetivo y 3.000, o quizás muchos más, han muerto en la peligrosa travesía", continúa el documento.
Los 'populares' advierten de que el proceso de regularización impulsado ha generado "un negocio billonario" para las mafias que trafican con seres humanos y denuncian "la incapacidad e incompetencia del Gobierno de España para resolver una crisis por él mismo creada y para liderar una política europea en materia de inmigración".
Frente a esta situación y "la falta de autocrítica y de soluciones" el PP reitera su oferta de 100 medidas entre las que destaca las siguientes: modificación "urgente" de la Ley de Extranjería y prohibición expresa de los procesos de regularización masiva; modificación de la Ley de Bases de Régimen Local y del Reglamento del Padrón para aprovecharlo como instrumento de control; creación de una estructura organizativa única para la coordinación de las políticas de inmigración y nombrar a un sólo responsable del Gobierno en esta materia.
Según el PP, sólo así se podrá responder al reto de la inmigración a medio y largo plazo y elaborar una política europea común que incluya, entre otros aspectos, una mayor cooperación entre estados miembros; igualdad de derechos y obligaciones para todos los inmigrantes; políticas de asociación y cooperación condicionadas al control de la inmigración irregular y cláusulas de readmisión obligatoria.
Asimismo, defiende la prohibición a nivel comunitario de los procesos nacionales de regulación masiva, la mejora de los medios y capacidades de la agencia de fronteras (FRONTEX), coordinación de controles en las fronteras marítimas, creación de patrullas y equipos mixtos de control fronterizo y el aseguramiento de las fronteras exteriores de la Unión.