MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una proposición no de Ley, que recoge Europa Press, por la que insta al Gobierno a reformar el Código Civil para que puedan optar a la nacionalidad española los sefardíes, sus cónyuges y descendientes procedentes de Melilla.
La iniciativa, presentada por el portavoz del PP en la Cámara Baja, Eduardo Zaplana, pide que se haga posible optar a la nacionalidad española cuando acrediten haber residido durante al menos cuatro años en España, sin necesidad de que se les exija justificar la residencia los años inmediatamente anteriores a la fecha de petición.
Según el PP, con la modificación del Código Civil propuesta, podrían acogerse a la medida cerca de 8.000 sefarditas de origen melillense que actualmente residen en Suramérica e Israel, después de haber emigrado en la década de los años sesenta."Los emigrados siempre ha mantenido fuertes lazos con melilla, prueba de ello es la existencia de la Casa de melilla en Jerusalén, que cuenta con cinco mil socios", apunta la iniciativa.
EXPULSADOS POR LOS REYES CATÓLICOS
Tal y como explica el PP en la exposición de motivos, hasta la década de los años sesenta del pasado siglo residía en Melilla una comunidad sefardita de cierta importancia cuyo origen se remonta a los judíos expulsados por los Reyes Católicos en 1492, que se exiliaron en el norte de África.
Esta comunidad se instaló a finales del siglo XIX en Melilla, huyendo de las persecución musulmana tras la desintegración del Imperio Otomano y coincidiendo con la extensión de la ciudad. En la actualidad, la comunidad sefardita la componen aproximadamente 1.500 personas, "todas nacionalizadas españolas y perfectamente integradas en nuestra sociedad".
El PP destaca que los sefarditas "se sienten españoles y melillenses, pero una gran mayoría de ellos, a pesar de los muchos años de residencia en Melilla, nunca obtuvieron la nacionalidad española". Por tanto, la obtención de la nacionalidad se trata de "una vieja aspiración que constantemente plantean" al Gobierno de la Ciudad Autónoma, cuyo presidente, Juan José Imbroda, ha trasladado al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, tanto por escrito como en varias entrevistas, "encontrando una gran receptividad"