PROFAM critica la "agresión" del Gobierno a la familia y remite a Zapatero ocho líneas de actuación para 2006

Europa Press Sociedad
Actualizado: miércoles, 4 enero 2006 15:37

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma para la Promoción de la Familia (PROFAM) aseguró hoy que, en 2005, la familia "ha sido una vez más agredida por los poderes públicos con la promulgación o preparación de leyes arbitrarias y promesas incumplidas". Asimismo, mediante un comunicado, propuso ocho líneas de actuación, que serán remitidas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "para su conocimiento".

En su misiva, PROFAM lamentó el "triste balance que resume la gestión del Gobierno 2005 en materia familiar" y así, quiso hacer llegar "a sus asociados y demás concurrentes con su ideario", las líneas de actuación que llevará a cabo en este año 2006, en el "continuará sensibilizando a la sociedad".

En primer término, la plataforma cargó contra el "divorcio express" y apostó por medidas que eviten el "gravísimo daño que las separaciones y divorcios producen en los hijos". Asimismo, criticó la ley de matrimonios del mismo sexo, ya que "no acepta que se trate jurídicamente como igual lo que es claramente distinto".

También ofreció propuestas en materia de educación, como "la inmediata modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y, en este sentido, exigió un modelo educativo y una legislación que "ampare los derechos de los padres como únicos responsables de la educación de sus hijos".

PROFAM pidió al jefe del Ejecutivo un trato de igualdad para la asignatura de Religión frente a las otras materias curriculares y quiso, además, "recordar al señor Zapatero que tiene la obligación de respetar y hacer respetar la Constitución y sus leyes y garantizar, con ello, la igualdad, el derecho y la justicia en toda España y no favorecer por acción u omisión las diferencias entre regiones y ciudadanos".

Por último, la plataforma expresó su "rechazo a la ley de despenalización del aborto, que es sistemáticamente burlada con el consentimiento de los poderes públicos" y exigió al Gobierno una "verdadera" ley de promoción y protección integral de la familia, "con medidas reales y no sólo asistenciales".

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