MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno puso hoy la primera piedra de lo que calificó "el cuarto derecho social de nuestro tiempo": el de las personas dependientes --por edad o por algún tipo de enfermedad o minusvalía-- a tener una asistencia, con independencia de su lugar de residencia y de sus recursos económicos.
El sistema, que viene de la mano del proyecto de Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, remitido hoy a las Cortes por el Consejo de Ministros, garantiza esta atención hasta el punto de que si "por motivos excepcionales" no se pudiera dar una cobertura con servicios, se le pagaría a los cuidadores familiares con alta a la Seguridad Social.
Con este servicio, que el Gobierno estima puede favorecer en la actualidad a 1.100.000 personas y a 1.500.000 en 15 años, se pretende por un lado garantizar a todos los dependientes y en especial a las personas mayores que "no están solos", aunque también permitir que las mujeres, que son las que fundamentalmente asumen estos cuidados, puedan incorporarse al mercado laboral en igualdad de condiciones que los hombres.
La Secretaria de Bienestar Social del PSOE, Matilde Valentín, calificó hoy el proyecto de Ley de la Dependencia como la norma "más importante de los próximos años en España. "De nuevo, un Gobierno del PSOE, crea un derecho que iguala la atención de los ciudadanos que lo necesiten, independientemente del lugar en el que vivan", señala en un comunicado.
En este sentido, la responsable socialista destacó "el interés del Gobierno en que esta Ley sea un proyecto de país, que cohesione a la sociedad, además de conformar una apuesta por la igualdad ya que la mayoría de los ciudadores informales son mujeres, que en muchas ocasiones han hecho renuncia de su propio proyecto vital para dedicarse a la atención de las personas en situación de dependencia".
EL PP PIDE QUE LA LEY SE "ENRIQUEZCA EN EL PARLAMENTO"
El PP reclamó, tras la aprobación de la Ley, que se "enriquezca" en el Parlamento, pero en el término "más importante", es decir, en el económico, diseñando un modelo de financiación "estable".
Según criticó la secretaria de Política Social y Bienestar 'popular', ana Pastor, el Ejecutivo ya ha diseñado una memoria económica, pero a día de hoy sólo ha destinado en 2005 un total de 50 millones a la dependencia.
La Generalitat y la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados han coincidido en pronunciarse acerca del calendario de actuación de esta nueva Ley. Así, la consellera de Benestar i Familia, Anna Simó, consideró que sería necesario el establecimiento de un calendario para aplicar la norma, medida por la que también se ha pronunciado la Unión Democrática de Pensionistas, quienes temen que éste, sea "muy ajustado".
COLECTIVOS SOCIALES
Otros grupos sociales también se han pronunciado sobre esta nueva Ley de Dependencia. Algunos, como el colectivo de médicos de Familia piden que la ley impulse la coordinación entre servicios sociales, médicos y enfermeros.
Así, para la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) uno de los objetivos del abordaje de la dependencia es que las personas con problemas de salud se atiendan en su propio domicilio, una labor que llevan a cabo los profesionales de atención primaria (enfermeros, asistentes sociales y médicos de familia).
Por su lado, la Asociación de Parálisis Cerebral y Afines se ha pronunciado positivamente sobre la Ley, afirmando que era algo de lo que precisaba la sociedad.
David Merchán, portavoz de la Asociación, apuntó que esta Ley tiene para ellos "una valoración positiva" y añadió que esta normativa garantiza una mejor protección de los derechos de los discapacitados, ya que da lugar a un solo organismo al que dirigirse para recibir ayudas asistenciales.
