MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del área de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Carmen Montón, ha asegurado este martes que la formación no negociará enmiendas ni ningún tipo de reforma en la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo porque no entrará "en el mercadeo ni regateo electoral que propone el PP" con los derechos de las mujeres.
En rueda de prensa en el Congreso, ha recordado que la norma contó en 2010 con el consenso de ocho grupos parlamentarios a los que el PP, que la recurrió ante el Tribunal Constitucional, "no quiso sumarse" y ha incidido en que tras cinco años de vigencia "no hay motivos ni para la alarma ni para el retroceso".
"El único motivo que tiene el PP es la presión interna en su partido de los sectores más conservadores actuando como lobbi ultra, la presión de la Conferencia Episcopal, que han negociado con ella la reforma, y la presión que más les importa, que es el cálculo electoral", ha señalado.
Para Montón, es indiferente lo que decida el PP en cuanto a la libertad de voto de sus diputados en esta reforma, ya que "lo que están haciendo es un postureo para conseguir votos". "Lo que haga el PP, ellos sabrán, pero no vamos a entrar en si está bien o está mal (...) Lo que no es presentable es que los derechos de las mujeres sean de quita y pon o que sean opinables", ha zanjado.
En opinión del PSOE, la iniciativa "es un juego de trileros" del PP "para intentar conseguir votos de todas las partes, la moderada y la conservadora", ya que se trata de una ley "con mucho apoyo político y mucho apoyo y consenso social" y así "se ha demostrado" con motivilizaciones como el Tren de la Libertad que tuvo lugar el año pasado en Madrid.
Sobre este asunto, ha avanzado que de salir adelante como es previsible la iniciativa del PP, el PSOE se sumará a cuantas acciones de protesta emprenda la sociedad civil, tanto las organizaciones de mujeres como las sociedades científicas al respecto.
En cuanto al fondo de la proposición en sí, que impondrá el consentimiento paterno para abortar a las menores de 16 y 17 años, Montón ha recordado que estas interrupciones de embarazo son el 0,4 por ciento del total, "una cifra mínima pero de extrema gravedad" porque se trata de las chicas que por situaciones de conflicto familiar no pueden contarlo en casa. Obligarlas, ha dicho, "las aboca al aborto clandestino e inseguro".
"Entendemos que los padres tienen que estar informados, tienen la obligación de conocer esta situación y estar informados y así lo recoge la ley. Sólo hay una excepción, cuando hay una situación de malos tratos, violencia intrafamiliar, desarraigo, desamparo, amenazas, coacciones... Solamente en esas situaciones las jóvenes pueden acudir en solitario y es porque no pueden hacerlo de otro modo", ha recordado.
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