MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno español destinará en 2006 un total de 127.221.035,13 euros a "fines de interés social", procedentes de la recaudación total del 0,52% del IRPF correspondiente al ejercicio fiscal del 2004, con lo que se supera, por primera vez, el mínimo garantizado para proyectos sociales en casi tres millones de euros, según informó hoy la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, al Consejo Estatal de ONG de Acción Social.
Así, en esta convocatoria, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales proporcionará un total de 101.776.828 euros (un 5% más que en 2005) a las organizaciones no gubernamentales que atienden a los colectivos más desprotegidos para la realización de programas sociales en España. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores gestionará el 20% restante de la recaudación total para programas de cooperación en el exterior, es decir, 25.444.207,03 euros.
Valcarce destacó como prioridad para este año el "alcanzar el bienestar de la familia a través de programas cuyos beneficiarios directos sean las personas en situación de dependencia y sus familias". Asimismo, señaló, "serán programas prioritarios aquellos que se orienten hacia la prevención y la lucha contra la pobreza para poder llegar a erradicarla". Otros proyectos de especial importancia serán aquellos que tiendan a complementar las políticas públicas de las distintas administraciones y estén vinculados a estrategias territoriales, y aquellos que contengan elementos de autoevaluación o incorporen sistemas de calidad.
La secretaria de Estado enumeró también los datos iniciales de esta convocatoria en cuanto a las solicitudes registradas. Así, 544 entidades solicitaron un total de 1.510 programas con un presupuesto aproximado de 495 millones de euros. En cuanto a las prioridades solicitadas, en primer lugar se encuentran las personas mayores (23%); en segundo lugar, las personas con discapacidad (19%); y la infancia y la familia (9%).
Esta recaudación permitirá atender aquellas necesidades sociales emergentes; además, supone "un importante instrumento para el desarrollo de la política social del Gobierno y cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea para luchar contra la pobreza y la exclusión social", manifestó Valcarce.
En cuanto a las principales novedades de esta convocatoria, "destaca la definitiva adecuación de la normativa a la Ley General de Subvenciones, una mayor participación de todos los sectores implicados en el proceso y una mayor incidencia en la estabilidad y sostenimiento de las ONG", continuó.
SISTEMAS DE CALIDAD.
Entre las prioridades para el futuro, la secretaria de Estado recordó la importancia de seguir insistiendo en promover sistemas de calidad en el funcionamiento de los programas y exigir mecanismos de evaluación y eficacia.
Asimismo, reiteró el mantenimiento e incremento de la implicación en la lucha contra la pobreza y en la atención a las personas en situación de dependencia.
Mantener en todos los supuestos la sostenibilidad y estabilidad financiera, así como profundizar en las vías de participación, diálogo y cooperación son otros de los objetivos dispuestos a alcanzar por el Gobierno, según afirmó Valcarce.
