MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Ley General de Comunicación Audiovisual, publicada a finales de marzo de 2010, se aprobó con la intención de sentar unas 'reglas del juego' claras para el sector, según afirmó en su momento la entonces vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, sin embargo, en las últimas semanas el Ejecutivo ha promovido una serie de reformas que modifican esas 'reglas del juego'.
Las últimas reformas, aprobadas en el último Consejo de Ministros, han modificado la Ley Audiovisual para reformar el modelo de televisión pública autonómica en España y la Ley de RTVE para permitir que, si no hay el suficiente consenso, el presidente y los consejeros de RTVE sean elegidos por mayoría absoluta. No obstante, estas no han sido las únicas reformas aplicadas por el Ejecutivo en sus primeros meses de gobierno.
Antes, el Gobierno había promulgado otra reforma de la Ley Audiovisual para eliminar el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) como organismo supervisor y abierto una mesa de diálogo con las cadenas de televisión y demás agentes del sector para tratar de que renuncien a parte de sus canales en la Televisión Digital Terrestre (TDT) o buscar otras alternativas para reducir el coste del 'dividendo digital'.
Los planes de Industria en este sentido contemplan una asignación simétrica del espectro radioelectrico, evitar a los usuarios molestias con los cambios de antenización, y conseguir además una televisión pública y privada "suficiente", según señaló la pasada semana el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo Sotelo.
De acuerdo con el plan del anterior Ejecutivo, en julio de este año debía comenzar una 'mudanza' de las televisiones similar al que se produjo con el 'apagón analógico' para liberar las frecuencias que actualmente utilizan algunas cadenas de televisión para emitir en TDT y dejar esas frecuencias para que las compañías de telefonía puedan desarrollar servicios de nueva generación.
Esa 'migración' implicaría que cerca de 1,5 millones de viviendas deberían volver a resintonizar sus antenas y un coste de unos 900 millones para el Gobierno, que se comprometió con las televisiones a asumir el gasto que supondrá el proceso. Sin embargo, el Ministerio de Industria está negociando con las cadenas y el resto del sector para que, o bien "disminuyan a la mitad" sus canales de TDT y así evitar que se tengan que reubicar, o encontrar otras fórmulas para reducir el gasto para el Erario Público.
Tanto las cadenas de televisión como otras empresas del sector, como es el caso de los antenistas y los fabricantes de equipos de recepción de señales de televisión, se han opuesto a la reducción de canales de TDT porque reduciría su oferta y podría implicar la emisión de canales en Alta Definición en abierto, aunque la negociación continúa, según fuentes del sector consultadas por Europa Press.
REFORMA DE LAS TELEVISIONES AUTONÓMICAS
Mientras, la reforma aprobada el pasado viernes en lo referente a las televisiones autonómicas también implica cambios en el sector, ya que abre la puerta a la entrada de empresas privadas a las cadenas públicas, tanto como gestores del servicio público como en calidad de productores de los informativos, algo que hasta ahora estaba prohibido por ley, aunque 'de facto' ya hacían algunas cadenas autonómicas.
La reforma abre la puerta también a que las Comunidades Autónomas que decidan dejar de tener una televisión autonómica pública puedan sacar a concurso las correspondientes licencias audiovisuales, según avanzó la vicepresidenta primera del Gobierno, Sáenz de Santamaría, y obliga a las que decidan quedarse con sus televisiones a cumplir los mismos "principios de estabilidad presupuestaria" que el resto de administraciones.
Esta última cláusula exige un esfuerzo de "austeridad" a las televisiones públicas autonómicas, que en el año 2010 cerraron con unas pérdidas de 536 millones de euros, un 3 por ciento menos que en 2009, según el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en España elaborado por Deloitte para Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).
En este sentido, una disminución de los presupuestos de las televisión autonómicas, sumado al recorte aplicado por el Gobierno a los presupuestos de RTVE para este año, de 204 millones de euros, podría afectar al resto del sector, ya que las públicas se están deshaciendo de derechos deportivos y otros tipos de contenidos costosos, lo que supone una "oportunidad" para las privadas, según reconoció el director general de Mediaset España, Massimo Musolino, en una conferencia con accionistas.
SUPERVISIÓN DEL SECTOR
En paralelo a estas reformas, la desaparición del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, órgano previsto como encargado de supervisar los contenidos de las televisiones para asegurar que respetan la Ley, ha dejado esa función de control y supervisión del sector audiovisual repartido entre la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y los ministerios de Presidencia e Industria.
Así por ejemplo, el Ministerio de Presidencia decidirá qué acontecimientos deportivos son de "interés general" y, por tanto, tienen que ser emitidos en televisión en abierto, según el anteproyecto de Ley para la creación de una Comisión Nacional de Mercados y Competencia, al que ha tenido acceso Europa Press.
Entre esos acontecimientos considerados de "interés general" actualmente por ley está un partido cada jornada de la Liga de Primera División, un encuentro que hasta ahora tenía que emitirse obligatoriamente en abierto, pero que podría dejar de hacerlo si el Gobierno decide que no es de interés general, ya que las cadenas de televisión privadas ya han afirmado que no están dispuestas a pagar lo que La Sexta ha estado pagando hasta ahora por los derechos de ese partido.
En este sentido, el director general de Contenidos de Canal+, Alex Martínez Roig, tachó de "anacrónico" en marzo la obligación de emitir un partido en abierto de la Liga de Fútbol y pidió al Gobierno que acabase con ella.
Además, el Ejecutivo también ha modificado la Ley para permitir a las radios que entren a los campos de fútbol a cambio de una compensación económica a los clubes por el uso de sus instalaciones, con el objetivo de desbloquear el conflicto abierto entre la Liga de Fútbol Profesiona (LFP) que ha impedido que las cadenas de radio narrarán desde los estadios los encuentros de esta temporada.
