Los usuarios del Sistema Nacional de Dependencia recibirán una media de 400 euros mensuales

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ayuda económica media que recibirán los usuarios del Sistema Nacional de Dependencia (SND) rondará los 400 euros mensuales, según indicó el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera (en la imagen), en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que aprobó el proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

Caldera explicó que este cálculo es una media recogida en la Memoria Económica del proyecto sobre el conjunto de los usuarios y que, evidente, no recibirán la misma cuantía los grandes dependientes que los dependientes leves. En cualquier caso, estas serían las cuantías que podrían recibir los cuidadores familiares que atiendan a personas dependientes.

El ministro de Trabajo insistió en que la aportación que deberá realizar el ciudadano a la financiación del sistema no superará, en términos medios, el 30 por ciento del servicio y que se ha reforzado la idea de que nadie quedará sin prestación por carencia de recursos económicos. Igualmente aseguró que el texto, como ha dictaminado el Consejo de Estado y han admitido las propias comunidades autónomas, es plenamente constitucional y no invade competencias.

"VERDADERA REVOLUCIÓN"

La Ley entrará en vigor en enero de 2007, y a partir de esa fecha todo español que lo requiera podrá solicitar la valoración de su nivel de dependencia. Caldera calificó el texto de "enorme avance social" y "verdadera revolución". "Es la ley más importante dirigida a las personas, y por su puesto también a sus familias", dijo el titular de Trabajo, que ya ha solicitado su comparecencia en el Congreso para explicar el proyecto de Ley y los últimos cambios operados en el texto.

"El Gobierno está convencido de que con esta ley comenzamos a cimentar el futuro del cuarto pilar del Estado del Bienestar", añadió la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. A su juicio, la futura Ley de la Dependencia viene a sumarse a otros derechos de gran calado social, como en su día lo fueron el derecho a la educación y a la asistencia sanitaria gratuita y universal y el derecho a las pensiones.

"Añadimos el cuarto derecho social de nuestro tiempo, el del reconocimiento a la atención a las personas dependientes, bien sea por su avanzada edad o por algún tipo de minusvalía", declaró. En este sentido, afirmó que es un compromiso "explícito y largamente sostenido" del Gobierno garantizar que en España no haya ni una sola persona dependiente sin atención.

NO DEBE SER UNA CARGA SÓLO FAMILIAR

A su vez, aseguró que también comporta el compromiso de intentar facilitar, en la medida de lo posible, la vida de todas las personas que hoy atienden a los dependientes. "Quiere también significar que la dependencia no puede ser una carga exclusivamente familiar, es un desafío social al que corresponde una decidida respuesta de los poderes públicos", insistió.

Caldera subrayó que la Ley garantiza "la igualdad de todos los ciudadanos a través de la financiación por parte del Estado del "contenido básico del derecho" y otorga carácter prioritario a la prestación de servicios frente a la económica. Asimismo, insistió en que cuenta con el acuerdo de los agentes sociales, el aval del Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado y un principio de acuerdo de las comunidades autónomas. "Espero que se incorporen todas las fuerzas políticas al consenso en la tramitación parlamentaria", indicó.

Sobre los últimos cambios operados en el articulado, el titular de Trabajo comentó que los menores de 3 años con graves enfermedades y discapacidades tendrán también derecho a las prestaciones del sistema y que se han clarificado los niveles de protección.

En cuanto a la financiación señaló que se ha reforzado su suficiencia y garantía y que será sostenida al 50 por ciento entre Estado y comunidades autónomas.

El texto también incluye las especificidades de País Vasco, Navarra, los cabildos insulares canarios y los consells baleares, así como la posibilidad de suscribir acuerdos con Ceuta y Melilla. "Se trata de un cambio histórico", concluyó.