MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
Lucía Murillo, la mujer que en 2002 fue raptada y violada cuando salía de su trabajo en Martorell, criticó hoy que José Rodríguez Salvador, más conocido como el 'violador del Vall d'Hebron', quede definitivamente en libertad y afirmó que, tal como actualmente está la legislación, las víctimas son violadas dos veces, una por el violador y otra por los jueces.
"He sido violada por el violador y por la justicia", afirmó en declaraciones a Europa Press Televisión, visiblemente indignada con la excarcelación de Rodríguez Salvador. Para esta víctima, es posible sin cambiar la ley que este tipo de delincuentes cumplan más años de prisión.
"Con ellos no se está cumpliendo la ley, con la ley se pueden hacer muchas cosas y no las hacen. La ley se cumple según quiere interpretarla el juez, y la interpretación de los jueces en estos casos es muy floja", denunció Murillo.
Por ello, demandó que a este tipo de delincuentes sexuales se les aplique "la máxima condena" contemplada en el Código Penal, y se les "quiten todos los privilegios que tienen en la cárcel" que, en su opinión, "son muchos". "Viven mejor que nosotras", criticó.
"Vemos que ellos tienen sus privilegios y nosotras nada", subrayó Murillo, quien señaló que mientras que a ella, que fue violada, el psiquiatra la visita "veinte minutos cada cuatro meses", los violadores "tienen un psicólogo en la cárcel que los visitan cada dos días, cuando ellos piden". "¿Por qué a ellos piden y ellos les dan y yo pido y me lo deniegan? Es muy injusto, pero es así", añadió.
Preguntada por la posibilidad de usar un tratamiento de 'castración química' con estos delincuentes sexuales, Murillo indicó que no sería solución, ya que "dejarían de tomar el medicamento tarde o temprano". "Yo, claro, los castraría a todos, y no químicamente, porque soy una violada, pero tampoco creo que fuera solución. Yo los metería en la cárcel para siempre", dijo.
La Audiencia de Barcelona rechazó la petición de la Fiscalía de aplicar la 'doctrina Parot' a José Rodríguez --conocido como el violador de la Vall d'Hebron-- para evitar su excarcelación, alegando que su situación jurídica está "absolutamente consolidada" y que alargar su "castigo" sería un "añadido aflictivo personal importante e improcedente, además de impropio de un estado democrático" como España.
