BARCELONA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -
La agresión de unos familiares a una monitora de comedor del centro CEIP Catalunya de Sant Adrià (Barcelona) no se tramitará como atentado a funcionario público, ya que se trata de una educadora de un empresa subcontratada, según fuentes de la Conselleria de Educación de la Generalitat.
Lo que sí hará la Conselleria es actuar de "mediador" en una reunión que se celebrará la próxima semana entre los padres, el director del centro y el inspector de educación.
El pasado 21 de diciembre, la monitora denunció a la madre y a la tía de un escolar de tres años después de que éstas le propinaran una paliza, informaron los Mossos d'Esquadra.
La Conselleria de Educación confirmó a Europa Press que, unos días antes, la educadora había reprendido a dos niños de tres años que se estaban peleando por un flan. La monitora supuestamente le restregó el postre por la cara al hijo de la agresora, que se quejó a sus padres al llegar a casa.
El día 20 de diciembre los padres del niño acudieron al centro para pedir explicaciones al director y a la monitora, que se disculparon por el comportamiento de ésta última y consiguieron calmar a la familia.
Sin embargo, el último día de colegio antes de las vacaciones de Navidad, la madre y la tía del pequeño esperaron a la educadora a la salida de la escuela y la agredieron, causándole diversas contusiones y hematomas y la fractura de la nariz.
Esa misma tarde, la agredida acudió al hospital Espíritu Santo de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y, horas más tarde, presentó una denuncia por lesiones. La policía catalana informó que la víctima se encuentra "muy asustada" y "tiene miedo de posibles represalias", pues se trata de una familia "conflictiva".
EL PRECEDENTE DEL CEIP EDUARD MARQUINA.
El pasado 14 de noviembre, el ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), José María Mena, ordenó a los fiscales que tramiten las agresiones a profesores de la enseñanza pública en el ejercicio de su trabajo como un delito de atentado a funcionario público, lo que conlleva una pena de entre uno y tres años de prisión.
El primer caso que se acogió a esta nueva tipificación fue el de la agresión de un matrimonio a la jefa de estudios, la directora y la conserje del CEIP Eduard Marquina del barrio del Besòs de Barcelona.
La juez instructora abrió diligencias previas contra los padres del menor por un presunto delito de atentado a funcionario público, después de que la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la Generalitat, pidieran la suspensión del juicio de faltas que debía celebrarse contra el matrimonio y solicitaran que el caso se tramitase por dicho delito.
