(Amplic) El Síndic denuncia que la DGAIA no protegió "adecuadamente" a la niña de Montcada (Barcelona) maltratada

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, denunció hoy que la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA) no cumplió con su responsabilidad de proteger a los menores en el caso de Alba C.C., la niña de 5 años de Montcada i Reixac (Barcelona) que continúa hospitalizada tras presuntamente recibir una paliza de su padrastro.

En la presentación de las conclusiones de la actuación de oficio que el Síndic inició el pasado 10 de marzo, a raíz de los graves maltratos sufridos por la niña, Ribó señaló que "han existido indicadores claros del riesgo que afectaba a Alba y que no han sido observados ni interpretados adecuadamente".

El defensor del pueblo no descartó la posibilidad de presentar una querella ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por la desatención de que fue víctima la pequeña Alba C.C., ya que tiene potestad para ello, pero señaló que a día de hoy todavía no lo tiene previsto.

Según Ribó, "no pretendemos investigar las posibles negligencias individuales o profesionales ni señalar culpables de los posibles errores, sino estudiar hasta qué punto las administraciones, por acción u omisión, podrían haber vulnerado el derecho de un niño a una protección efectiva". El Síndic alertó de la falta de coordinación entre las administraciones implicadas, lo cual dificulta una protección "efectiva" de los menores.

Para Ribó, en este caso, la descoordinación afecta, además de a la DGAIA, a los servicios sanitarios, por no profundizar en la causa de las dolencias de Alba; a la Conselleria de Educación, por no haber advertido las señales de alarma; y a la de Interior, por limitarse a derivar el caso a otro cuerpo policial.

LA MADRE PARECÍA "REALMENTE PROTECTORA".

No obstante, el Síndic responsabiliza especialmente a la Conselleria de Bienestar y Familia. Según Ribó, la única institución que tuvo acceso a toda la información sobre la desatención que la menor venía sufriendo desde 2004 fue la DGAIA, que, a pesar de ello, no consideró los indicadores como maltratos constatados y no tuvo en cuenta el peligro de que se volviesen a repetir.

El informe del Síndic estima que la DGAIA "no ha ejercido la dirección, el estímulo y la supervisión que le correspondía", ya que "en la historia conocida de Alba ha habido multitud de indicadores de maltrato, de alto riesgo, que en ocasiones no se han tenido en cuenta y, a veces, se han considerado sin actuar como era necesario".

El defensor del pueblo destaca en su estudio algunas informaciones relevantes sobre la pequeña, entre ellas, que Alba recibió tratamiento en 2004 por dificultades madurativas en un Centro de Desarrollo Infantil y Atención Primeriza (CDIAP) de Viladecans (Barcelona), donde vivía en aquella época. Los profesionales ya detectaron por aquel entonces que la madre no parecía ser "realmente protectora".

En agosto de 2005, la menor fue visitada en dos ocasiones en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, tras presuntamente sufrir abusos sexuales por parte de su padre biológico. En octubre, el CDIAP contactó con la DGAIA para advertirle de que Alba podía estar viviendo una situación de maltrato.

La familia se trasladó a Montcada en diciembre de ese mismo año, época en la que la menor ingresó en Urgencias del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona con una fractura en el brazo "que no parece accidental" y con múltiples hematomas y evidencias de lesiones anteriores.

Los informes que señalaban la gravedad de la situación se remitieron el día 22 del mismo mes a la DGAIA, que determinó que no existía desamparo ni necesidad inmediata de separación de la menor de su núcleo familiar, ya que, a su juicio, no había riesgo inminente y la madre aparentemente protegía a la menor.

La DGAIA decidió seguir estudiando el caso a través de los circuitos establecidos y Alba ingresó en estado grave en el Hospital de la Vall d'Hebron el pasado 4 de marzo.

IRRESPONSABILIDAD DE LA DGAIA.

En este sentido, el Síndic considera "inverosímil" que pudiesen pasar inadvertidas determinadas señales de alarma. Tal y como señala en su informe, en el caso de la pequeña existían indicios claros de "riesgo grave", entre ellos, signos de negligencia en el cuidado de la niña --falta de higiene y de controles pediátricos--.

El informe también destaca la falta de protección por parte de la madre de la menor, que tampoco parecía reconocer las necesidades de su hija, y el frecuente ausentismo escolar de Alba, que su madre justificaba diciendo que estaba enferma.

A este respecto, el Síndic recuerda también la incongruencia entre las denuncias de abusos por parte del padre biológico efectuadas por la madre y las facilidades que ésta ponía para que la niña volviera a pasar con él los fines de semana y señala los frecuentes cambios de domicilio de la familia.

Según Ribó, los datos no fueron suficientemente contrastados ni interrelacionados, ya que existía información objetiva suficiente para declarar el desamparo de Alba a finales de 2005. En caso de que no se hubiese considerado necesaria la separación del núcleo familiar, el Síndic entiende que se deberían haber puesto en marcha mecanismos efectivos de protección de la niña y de seguimiento puntual de lo que estaba ocurriendo en su casa.

"No se observa por parte de la DGAIA una actitud de responsabilidad de actuación de acuerdo con el encargo legal que tiene como administración protectora", señaló Ribó, que entiende que "el circuito de actuación protectora actualmente establecido se ha aplicado mecánicamente y ha resultado incapaz de proteger a Alba".

Según el Síndic, intercambiar oficios e informes no se puede considerar una forma de valorar una situación y de planificar conjuntamente las medidas protectoras provisionales. Ribó entiende que "desde la DGAIA se puede haber tendido a evitar tutelas jurídicas más que a estimular la protección efectiva", a pesar de que "la Generalitat dispone en estos momentos de suficientes mecanismos y competencias para actuar con urgencia y de forma contundente".

Para Ribó, "la DGAIA debería asumir de forma más decidida el papel central que tiene en el sistema protector". "Para no victimizar a los niños se debe evitar la intervención judicial o penal y la mejor forma de conseguirlo es ser más diligente en la aplicación de medidas de amparo", señaló el Síndic. "Hacen falta más recursos, mayor atención, más celeridad y mayor posibilidad de dedicación de los profesionales", añadió.

Por otra parte, el Síndic prefirió no pronunciarse sobre el hecho de que no se haya producido ninguna dimisión a raíz del caso de Alba C.C.. A este respecto, se limitó a afirmar que él se siente "un ciudadano" más.

CARENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN.

El informe del defensor del pueblo denuncia también las carencias de otras administraciones. En lo que respecta a la Conselleria de Educación, Ribó considera que debería impulsar nuevas medidas de formación para los profesionales sobre los maltratos infantiles.

La de Salud, por su parte, debería poner en marcha nuevos programas de formación sobre los maltratos infantiles para los pediatras y médicos de familia. A la Conselleria de Interior, Ribó le pide que deje a un lado "los roces" entre los diferentes cuerpos policiales y que implemente mecanismos de comunicación más ágiles en las cuestiones que afectan a menores. También le recuerda que tiene asumidas competencias plenas en este campo.

El Síndic también considera necesario encontrar formas que refuercen los mecanismos de urgencia cuando los jueces intervienen en asuntos relacionados con maltratos a menores y que les permitan contar con el apoyo de las administraciones. La Fiscalía, por su parte, debería aumentar sus recursos para proteger a la infancia.