HUELVA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los cuerpos de las tres mujeres polacas continúan en el tanatorio de Huelva, hasta donde llegaron tras fallecer como consecuencia del accidente de tráfico registrado en la madrugada del pasado domingo, a la espera de que se solucionen los trámites sobre la repatriación a su país de origen.
En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la organización agraria Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Vicente Supriano, que gestionó la contratación en origen de estas tres mujeres polacas aseguró hoy que "se están llevando a cabo las gestiones para determinar a quién corresponde asumir los gastos de repatriación", aunque confió en que "no habrá ningún problema.
Las tres polacas, que trabajaban para la empresa Fresmacarena, perteneciente a la Cooperativa Santa María de La Rábida (CORA) de Palos de la Frontera (Huelva) y que gestionó la contratación en origen con UPA, sufrieron el accidente de tráfico fuera del accidente laboral, lo que, según la organización agraria COAG, podría eximir a la empresa de asumir los gastos, que corresponderían a las familias.
En este sentido, tanto la Subdelegación del Gobierno como el Ayuntamiento de Palos de la Frontera aseguraron haberse ofrecido para ayudar "en todo lo que sea necesario" para solventar los trámites burocráticos, si bien aseguraron a Europa Press que las competencias "no les corresponden, sino que serían de las propias empresas.
El alcalde de Palos, Carmelo Romero (PP), explicó que los servicios sociales del Ayuntamiento se pondrán mañana a trabajar para conocer la situación de la repatriación y añadió que ha trasladado al subdelegado del Gobierno en Huelva, Manuel Bago, su "preocupación" por la situación, por lo que le pidió que "estudie la situación para ver quién y cómo tiene que asumir esta repatriación".
A su juicio, las organizaciones que gestionan la contratación en origen "tendrán algo que decir porque estas mujeres no llevaban ni un mes trabajando en Huelva y no habían logrado reunir dinero como para pagar una repatriación, que suele costar alrededor de 6.000 euros".
Tras resaltar que las familias "seguramente tampoco tendrán recursos", consideró que las organizaciones "debían contar con un fondo para estos casos, como ocurre en el caso de Freshuelva, porque todo debería estar bien reglado y reglamentado".
