El BNG estudia la posibilidad de solicitar la creación de una comisión especial de investigación en el organismo provincial
LUGO, 23 May. (EUROPA PRESS) -
El décimo y último imputado por el supuesto fraude en la adjudicación de obras públicas en la Diputación de Lugo, Luis María Álvarez Delgado, se entregó hoy voluntariamente para prestar declaración acerca de su implicación en la trama y en estos momentos continúa testificando en el Juzgado de Instrucción número tres de la Audiencia Provincial.
Según confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación, después de que la Policía decretase ayer una orden de busca y captura contra él, finalmente Álvarez Delgado se presentó en dependencias policiales seis días después del inicio del dispositivo contra la supuesta corrupción del organismo provincial, denominado 'Operación Muralla'.
Así, Luis María Álvarez Delgado, que en su día había ejercido como arquitecto del Ayuntamiento de Lugo y empleado del gabinete de ingeniería Senén Prieto S.L. --la consultoría a la que se concedió la mayor parte de los contratos del organismo provincial en los últimos 15 años--, residía en Canarias y desde el jueves permanecía en paradero desconocido.
No obstante, fuentes de la investigación "dudaron" de que, hasta ahora, Álvarez Delgado tuviese "conocimiento pleno" de su imputación en el caso.
COMISIÓN ESPECIAL
Por otra parte, el portavoz del BNG en la Diputación, Xosé Antón Bao, anunció hoy que su Grupo estudia la posibilidad de solicitar la creación de una "comisión especial" que analice el supuesto fraude en la adjudicación de obras en la institución provincial.
Según informó en declaraciones a los medios en los propios juzgados, donde estaba por una cuestión personal, Bao explicó que, con esta comisión, los nacionalistas pretenden que se "evalúen las responsabilidades políticas"" que pudieran derivarse de la corrupción en la asignación de los contratos.
Así, explicó de que el reglamento orgánico de las entidades locales establece la posibilidad de crear comisiones especiales no permanentes para que "estudien determinadas situaciones".
Por ello, pese a la propuesta de Francisco Cacharro de que el vicepresidente de la diputación, Julio Álvarez, realice un trabajo de cómo se han hecho hasta ahora las adjudicaciones y cómo se pueden hacer en el futuro, Bao se mostró de acuerdo, pero puntualizó que "en aras de la transparencia, cualquier tipo de investigación interna tiene que contar con la presencia de todos los grupos políticos".
Por último, el portavoz nacionalista responsabilizó de la situación de la diputación al PP y, especialmente, a Francisco Cacharro, puesto que, según recordó, en 1996, el BNG ya había presentado una denucnia pública sobre las supuestas irregularidades en las contrataciones del Gobierno provincial.
