MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Dirección General de la Policía adscritos a la Ucrif-Central, y a la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Toledo, con la colaboración de la Guardia Civil de Illescas y de la Policía local de Casarrubios del Monte (Toledo), han desarticulado una red búlgara implicada en el tráfico de mano de obra de ciudadanos búlgaros y falsificación de empadronamientos para acceder a los beneficios del proceso de normalización de 2005.
En la operación policial han sido detenidas dieciséis personas, quince búlgaros y un español, y se han efectuado dos registros en empresas del polígono Industrial "Monte Boyal" de Casarrubios del Monte en Toledo y un domicilio en la localidad de Navas del Rey en Madrid.
Los denunciantes, confirmaron haber sido víctimas de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, al igual que veinte compatriotas más. Muchos de ellos no han denunciado la explotación laboral a la que han sido sometidos por los responsables de las referidas empresas, ante el temor de la rescisión de sus contratos de trabajo y que no sea normalizada su situación en España.
Uno de los perjudicados señaló haber sido captado en Bulgaria durante el mes de febrero de 2005, cuando comenzó la normalización o regularización de extranjeros en España. Recibió una llamada telefónica, efectuada por Tsetsa I.L, alias "Flor", desde su teléfono móvil. La mujer ofrecía un contrato de trabajo en las empresas de las que es encargada, y de esta manera solicitar su regularización posterior. Para realizar estos trámites debería remitirle anticipadamente 1.200 euros.
Ante esta propuesta remitió desde Bulgaria 600 euros, a través de Western Unión. Una vez en España, al iniciarse su relación laboral con las sociedades mercantiles referidas, Tsetsa le propuso saldar la deuda inmediatamente, trabajando durante dos meses sin cobrar ningún salario.
Estas prácticas se repitieron en otras ocasiones por parte de esta mujer, mediante la captación de otros compatriotas en su propio país con la promesa de regularizar su situación en España, y previo pago de cantidades importantes.
Para conseguir sus fines, Tsetsa o los responsables de las empresas "Q-Orba Servicios Gráficos Integrales S.L." y "Dismalog S.L.", formalizaban contratos ficticios con las víctimas, mediante documentos oficiales que en apariencia reunían los requisitos legalmente establecidos para presentarlos ante las autoridades españolas. Llegaron incluso a falsificar certificados de empadronamiento de distintos ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Una vez explotados laboralmente durante varios meses e incluso años, sin horarios reglados y sin salarios prefijados según el Convenio Laboral de Artes Gráficas, y sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Si los explotadores no llegaban a acuerdos satisfactorios, remitían una carta al Ministerio de Trabajo, comunicando la desvinculación con el trabajador; obteniendo durante estos períodos de tiempo sustanciosos beneficios económicos con unos gastos mínimos.
De los jornales diarios les descontaban cantidades económicas en concepto de gastos de transporte, cuando legalmente debería ser la empresa quién por su ubicación y Convenio laboral debería gratificar en este concepto a sus trabajadores.
