PAMPLONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Policía Foral detuvo a mediados de junio a cinco vecinos de la Comarca de Pamplona a los que se les imputan varios delitos contra la hacienda pública y falsificación de documentos, y que supuestamente habrían defraudado más de 2,6 millones de euros a la Hacienda Tributaria de Navarra.
Los detenidos, tres hombres y dos mujeres de entre 34 y 61 años, habrían realizado el fraude por medio de varias empresas dedicadas a la gestión de residuos férricos, reciclaje de chatarra, hierros y otros metales, según ha informado el Gobierno foral en un comunicado. Además, se investiga el origen y destino de otros 7 millones de euros ingresados por uno de los acusados.
En la operación para su detención, los agentes se incautaron de más de 650.000 euros en metálico, un revólver sin marca ni número de serie y diverso material relacionado con las facturaciones y transferencias relacionadas con la actividad laboral de las empresas implicadas.
Las identidades de los detenidos corresponden a J.M.G.I. (de 61 años y vecino de Pamplona), C.J.G.I. (de 54 años y vecino de Pamplona), F.J.S.M. (de 34 años y vecino de Esteríbar), M.J.S.M. (de 51 años y vecina de Gorraiz) y M.R.G.R. (de 41 años y vecina de la Cendea de Cizur).
Los detenidos pasaron a disposición judicial y la instrucción del caso, en cuyas pesquisas colaboraron los agentes de la Policía Foral y la Hacienda Tributaria de Navarra, corresponde al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona.
LAS INVESTIGACIONES
Las investigaciones policiales, según el Ejecutivo navarro, se iniciaron en octubre de 2011, tras unas inspecciones de la Hacienda Tributaria de Navarra (los primeros expedientes de inspección datan de 2007) en las que se detectaron irregularidades en los ingresos que J.M.G.I. había declarado en años anteriores.
Según la investigación, esta persona ocultaba la existencia de unas cuentas bancarias en las que habría ingresado gran parte del dinero, al tiempo que alegaba como justificación de sus ingresos la actividad laboral que ejercía, relacionada con el transporte de mercancías por carretera.
Tras las primeras investigaciones policiales sobre su patrimonio, no se encontró justificación de tal incremento patrimonial, de acuerdo a la declaración de sus ingresos anuales en los ejercicios de 2009 y 2010, que rondaban los 31.000 euros.
Posteriormente, se inició la investigación de seis empresas afincadas en la Comarca de Pamplona, todas ellas relacionadas con la gestión de residuos férricos, reciclaje de chatarra, hierros y metales, que ingresaban dinero en la cuenta del detenido.
En dos de estas empresas figuraban, como administrador y empleada, dos familiares del detenido. El administrador, C.J.G.I., fue posteriormente detenido por su implicación en el delito.
En el mes de diciembre de 2011 continuaron las investigaciones para estudiar los expedientes de las mencionadas empresas relacionadas con la trama. En el análisis de sus declaraciones fiscales, se detectó que existían ingresos no contabilizados y movimientos de dinero tras la inspección de sus facturaciones, llevadas a cabo por C.J.G.I.
Esta persona fue sancionada por obstrucción a la inspección tributaria en años anteriores y sus recursos ante el Tribunal Administrativo de Navarra fueron desestimados.
"NOTABLE SUBIDA DE INGRESOS"
En la investigación, según el Gobierno foral, destaca que, justamente a partir del año 2007, fecha en la que se inician los expedientes de inspección, se produce una notable subida en los ingresos de J.M.G.I. El año 2008 obtiene unos ingresos superiores a los 300.000 euros y, en 2010, estas cantidades superan ya los 6 millones de euros.
Las pesquisas continuaron -con la preceptiva autorización judicial- en los primeros meses de año 2012, con el objeto de determinar el origen y destino del dinero. Fruto de estas investigaciones, se confirmó que J.M.G.I y C.J.G.I desarrollaban su actividad laboral en una de las empresas antes mencionadas, dedicada a materiales férricos y otros residuos. Estas personas gestionaban el trabajo y las condiciones de sus empleados a los que pagaban su salario en efectivo.
Por otro lado, no se localizaron facturaciones destinadas a otras empresas implicadas igualmente en el caso, a pesar de los cuantiosos ingresos en sus cuentas entre 2009 y 2010. Además, se advirtió que existen determinados movimientos bancarios de J.M.G.I con el objeto de evitar una posible intervención por parte de la Administración Pública.
Asimismo, una de las empresas implicadas con los detenidos consta en el registro mercantil sin actividad alguna. Es el caso de una empresa con domicilio social en Barcelona.
En los datos bancarios investigados en el mes de marzo de 2012, aparece otro de los detenidos, F.J.S.M, con antecedentes policiales por delito de receptación e implicado también en la gestión del dinero defraudado. Esta persona ingresaba altas cantidades de dinero en la cuenta de J.M.G.I., procedente de varias empresas y de su actividad laboral con él. Entre los años 2009 y 2011 se ingresaron más de 7 millones de euros, cuyo destino y uso posterior se encuentra por determinar.
Para realizar dichas actividades, el detenido F.J.S.M contaba con la colaboración otras dos detenidas: una familiar, M.J.S.M., que administraba otra empresa presuntamente implicada, y una empleada, M.R.G.R., que se encargaba de las transferencias y los albaranes. Esta persona estaba al corriente de todos los pagos.
De las últimas investigaciones policiales, se desprende que la actividad laboral desarrollada por J.M.G.I. (no tiene trabajadores declarados a su nombre) no justificaría los pagos realizados por las distintas empresas que declararon operaciones mercantiles con él.
La empresa que mayor vinculación tenía con los movimientos del dinero es la gestionada por F.J.S.M, el responsable de la mayoría de las transferencias bancarias, justificadas por facturas falsas y recuperando, en muchas ocasiones, el dinero en metálico.
