Detienen en Badajoz a 20 personas relacionadas con una organización marroquí dedicada al tráfico de personas

BADAJOZ 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una operación policial desarrollada en Badajoz iniciada el pasado mes de diciembre ha culminado con la detención de 20 personas relacionadas con una importante organización marroquí supuestamente dedicada al trafico de personas, falsificación de documentos y estafa.

Este "golpe al tráfico ilegal de personas" ha sido culminado por miembros de la Comisaría General de Extranjería y Documentación (U.C.R.I.F. y B.C.R.I.) y de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura (B.P.E.D. de Badajoz), según informó la Delegación del Gobierno en Extremadura en un comunicado.

La organización ha mantenido su actividad al menos durante cinco años en los que ha victimizado a unas 400 personas y ha obtenido beneficios que alcanzan 1.200.000 euros. Los detenidos son nueve de los principales integrantes de la organización en España y otros once ciudadanos marroquíes en situación irregular, que habían sido trasladados a nuestro país.

Asimismo, la Policía apunta la identificación de "numerosos marroquíes que ya tenían realizado algún trámite para conseguir la residencia en España". La operación ha incluido registros domiciliarios en las calles Augusto Vázquez, Mario Rosso de Luna, Carolina Coronado y Damián Téllez Lafuente de Badajoz; y en la localidad de Gévora, en la provincia de Badajoz.

Como resultado de los registros, se ha intervenido material informático y de reproducción; tres cuchillos de grandes dimensiones; dos vehículos de gran cilindrada; diversos teléfonos móviles; nueve tarjetas de débito de la Caixa; expedientes completos de ciudadanos marroquíes, según la Policía "posibles víctimas, preparados para ser presentados en la Subdelegación del Gobierno en Badajoz"; partidas de nacimiento marroquíes en blanco; quince libros de familia saharauis; documentos de concordancia; diecisiete pasaportes marroquíes; documentación personal a nombre de las víctimas; cincuenta y tres tarjetas de asistencia sanitaria del Servicio Extremeño y Catalán de Salud.

Esta organización, integrada fundamentalmente por marroquíes, se dedicaba a introducir en España ciudadanos de la misma nacionalidad para, posteriormente, intentar regularizar su situación en nuestro país, mediante falsificaciones documentales que permitían hacerlos pasar por Saharauis, cobrándoles cantidades que oscilaban entre 3.000 y 6.000 euros, según la Delegación del Gobierno.

La investigación en España se inició cuando en la Brigada Central de Redes de Inmigración se tuvo conocimiento, a través de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Las Palmas, de la existencia de una red de ciudadanos marroquíes asentada en Badajoz y dedicada a la inmigración ilegal y falsedad documental.

La organización captaba a ciudadanos llegados en patera hasta la zona sur de Gran Canarias, a los que les ofertaban la posibilidad de viajar a otras ciudades españolas, principalmente a Badajoz, al objeto de conseguir regularizar su situación en España, todo ello a cambio de ciertas cantidades de dinero.

La Policía pudo confirmar que un marroquí tenía alquilado en Badajoz varios domicilios, que eran utilizados para empadronar a ciudadanos marroquíes, así como para alojarlos en los mismos durante los días en los que éstos viajaban a dicha ciudad para entregar su documentación en la Subdelegación del Gobierno.

También se pudo determinar que frecuentaba constantemente la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno, así como ciertas entidades bancarias, preferentemente "La Caixa", oficina de la Seguridad Social, centros médicos y otros organismos oficiales, siempre acompañado de ciudadanos marroquíes y ayudado en tales labores por otros miembros de la organización, que posteriormente pudieron ser identificados.

La investigación policial permitió la identificación de todos los integrantes de la organización, así como establecer la forma en la que esta actuaba. Efectivamente, la organización se surtía de ciudadanos marroquíes que llegaban a las Palmas de Gran Canaria en patera, procedentes, en su mayoría de la localidad de Boujour, por lo que pagaban la cantidad de quinientos euros.

Una vez en Las Palmas, miembros de la organización, tras ofrecerles la posibilidad de legalizar su situación en España a cambio de cierta cantidad de dinero, los ponía en contacto con elementos ubicados en Badajoz, que les pedían cita en la Subdelegación del Gobierno para entregar sus documentos, pagando la víctima mil quinientos euros.

Posteriormente obtenían los documentos exigidos por la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno para regularizar la situación de estas personas, para lo que era necesario empadronarlos en alguno de los domicilios controlados por la organización en Badajoz, les obtenían la tarjeta de la Seguridad Social, los acompañaban a realizar un ingreso bancario, en alguna entidad financiera, necesario para acreditar medios de vida, les solicitaba el certificado de penales de Marruecos, el certificado de concordancia de nombres y, si era preciso, les facilitaban un libro de familia del Sahara.

Una vez entregados dichos documentos, la víctima volvía a su lugar de residencia habitual, normalmente Las Palmas de Gran Canaria, Almería, Murcia o Alicante.

Si la Subdelegación del Gobierno concedía la Autorización solicitada, la "víctima" volvía a Badajoz, donde siempre acompañado por miembros de la organización abonaban las tasas establecidas legalmente y se dirigían a la Comisaría de Policía al objeto de hacerse la Tarjeta de Residencia.

En el momento en el que se obtiene el resguardo que acredita a esta personas estar en posesión de un permiso de residencia, explica la Policía, es cuando la víctima pagaba a la organización otros mil quinientos euros, saldando así el resto de la cantidad pactada, cinco o seis mil euros. Así, la la víctima obtiene su Tarjeta de Residencia pasados unos cuarenta días.

SÁHARA

Una de las elementos que caracterizan a esta organización es la utilización de libros de familia del Sahara auténticos, obtenidos por el grupo organizado, y certificados de concordancia falsificados en dicho país. De esta forma, la organización hacía coincidir el nombre de la persona que tenían que regularizar con el nombre de la persona cuya identidad constaba en el libro de familia, habida cuenta que los ciudadanos saharauis constan con un nombre totalmente distinto en Marruecos y en España, lo que hacia posible la simulación.

Otra de las peculiaridades de la organización investigada era la forma en que las víctimas tenían que efectuar el pago. Si bien es cierto que algunas de éstas pagaban en efectivo la cantidad exigida, la mayoría de ellas era obligada a realizar ingresos en cuentas bancarias abiertas a su nombre, solicitando tarjetas de débito asociadas a dicha cuenta corriente.

Posteriormente, dichas tarjetas, junto con su número PIN, eran recogidas por miembros de la organización, que contaban con la autorización de sus titulares, los cuales reintegraban las cantidades pactadas mediante dichas tarjetas.

Esta forma de cobro, al realizarla en cajeros automáticos y estar las cuentas corrientes a nombres de terceros, no deja constancia alguna de las operaciones efectuadas ni de los elevados beneficios que, sin duda, ha podido obtener la organización con este sistema.

De las 20 detenciones practicadas, 9 lo son por alguno de los delitos tipificados como "contra los derechos de los ciudadanos extranjeros", "falsedad documental" y "estafa", y 11 por infracción a la ley de extranjería.

Por estos hechos se han tramitado Diligencias Policiales que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Badajoz a cuya disposición han pasado cinco de las personas implicadas, siendo puestos en libertad el resto.