Fete-UGT pide a la administración "medios necesarios e innovadores para evitar casos de agresiones" en centros escolares

ALICANTE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Fete-UGT PV solicitó hoy a la administración educativa "medios necesarios e innovadores para evitar casos de agresiones y para mejorar la convivencia en los centros" y ante los hechos ocurridos en la provincia de Alicante pidió una reunión "urgente" de la Junta de Personal Docente para apoyar al profesorado y a los centros, a la vez que fortalecer las exigencias ante la administración, según informaron hoy en un comunicado fuentes del sindicato.

Ante las agresiones sufridas en estos últimos días en dos centros de la provincia de Alicante, "muy conocidas pues han trascendido profusamente a los medios de comunicación social", FETE-UGT PV exigió de la administración educativa valenciana "medios de control del acceso de personas ajenas, garantía de asistencia jurídica, personal que dinamice la mejora de la convivencia, así como toda la colaboración posible de Ampas, ayuntamientos y familias".

Así mismo, "medida urgente" el sindicato solicitó la convocatoria de la Junta de Personal Docente de Alicante para, "con la fuerza de todos los sindicatos representados, dar el apoyo necesario al profesorado, tanto de los afectados por estos hechos, como el profesorado y centros en general".

En este sentido, la federación de educación de este sindicato se mostró "convencida de que se usan indiscriminadamente calificaciones de mala convivencia". Por ello, quiso "aclarar" los distintos tipos. En primer lugar, distinguió "la violencia contra las pertenencias del centro, el vandalismo", después "la violencia contra las tareas escolares o disruptividad", además de "la violencia contra las normas del centro", y por último "la violencia interpersonal y la violencia que puede convertirse en criminalidad cuando las acciones tienen, o pueden tener, consecuencias penales".

Así, el sindicato, "consciente de que la convivencia es un reto desde el principio de la vida y en todas las etapas de enseñanza, y de que las medidas para conseguir unas buenas relaciones en los centros no deben ser sólo de unos, sino de toda la sociedad para alcanzar una enseñanza de calidad que favorezca un proceso de mejora", propuso una serie de medidas.

PROPUESTAS

Entre ellas, citó, por parte de los centros, "la reflexión y la acción en el propio centro" con "un consenso entre los implicados que concrete cuáles son las conductas que distorsionan la marcha normal de aprendizaje".

También apostó por las escuelas de padres, con el fin de "profundizar en las posibles influencias escuela-familia, ya que muchos de los alumnos que intervienen en acciones disruptivas tienen una falta sistematizada de normas en familia, por lo que la escuela deberá transmitir a los padres la necesidad de enseñar a sus hijos valores, pautas de comportamiento y rutinas desde una edad temprana".

Además, abogó por incentiva las "relaciones con los Ayuntamientos y Policial Local para detectar casos de absentismo, familias desestructuradas o entornos hostiles a los centros".

Por parte de la Administración, requirió "los medios necesarios para que el control de acceso de personas ajenas a los centros docentes se pueda mejorar de manera real" porque "el personal del centro no debe realizar tareas policiales".

También demandó a la administración educativa que garantice "la asistencia jurídica del personal de los centros docentes que haya sufrido agresiones de cualquier tipo y tiene que personarse de oficio, de un modo rápido y claro, en su defensa para materializar las consecuencias legales que puedan derivarse de los hechos acontecidos".

Así mismo, consideró que la administración "tiene que poner en marcha medidas para dotar de personal que dinamice la mejora de la convivencia en los centros docentes, con la creación de un 'Servicio de Asistencia Educativa', formado por unos 'asistentes de educación', en función del tamaño del centro y sus especiales características".

En cuanto a la seguridad, UGT se mostró partidario de "la vigilancia policial externa, adecuada y prudente, así como vigilantes especializados en educación, no vale cualquiera, en aquellos centros que por sus especiales características lo requieran".

Finalmente, por parte de las familias, Ampas y entidades locales pidió "cuantas medidas de colaboración sean necesarias para la puesta en marcha de estos planes de mejora de la convivencia".