MURCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de la Plataforma de Ciudadanos de Totana 'No a este plan urbanístico', Pedro José Romero, advirtió hoy, en declaraciones a Europa Press, que el Ayuntamiento ya ha recibido la mitad del dinero que le suponía la firma del convenio con Inmonuar, sociedad inmobiliaria del Grupo Nuaria, y que asciende a un total aproximado de 2,4 millones de euros.
Así, explicó que en esta firma, fechada el 3 de octubre del pasado año entre el ex-alcalde, Juan Morales, y el director de suelo de Inmonuar, Pablo José M.G., se acordó que "el pago al Consistorio sería de 4,9 millones de euros y se haría en efectivo".
"Con la firma del documento, el 3 de octubre, el Ayuntamiento recibió un 25 por ciento (casi 1,2 millones de euros); y con la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en febrero de este año, recibió la misma cantidad", precisó Romero, quien indicó que "ya con la aprobación definitiva, que todavía no se ha producido, se entregaría al Ayuntamiento el 50 por ciento restante (2,4 millones aproximadamente)".
En este sentido, resaltó que en el próximo pleno se debatirán los presupuestos y esa cantidad restante que queda por abonar al Ayuntamiento "se contempla como futurible", aunque se preguntó, a tenor de esta situación, "cómo le van a cuadrar los presupuestos cuando el Ayuntamiento contaba con este dinero y con otro, porque son casi 60 los convenios urbanísticos que se firmaron para financiarse".
MALAS GESTIONES EN LA ANTERIOR LEGISLATURA.
Así, puso de manifiesto que "el Consistorio totanero tiene una deuda de 42 millones de euros, reconocida por el alcalde, José Martínez, que le viene de la anterior legislatura por las malas gestiones, cuando era concejal de Seguridad Ciudadana y Juan Morales primer edil".
Igualmente, destacó que Inmonuar "se hizo, a precio barato, con 40 fincas de pequeños propietarios, que suman 1,7 millones de metros cuadrados aproximadamente; terrenos en donde se iban a construir esas 5.024 viviendas, en la pedanía de El Raiguero".
En la firma también se contempló que "si en el supuesto de que la recalificación, en el próximo PGOU, no alcanzara los parámetros de edificabilidad concertados para obtener esas 5.024 viviendas (0,28 por ciento de edificabilidad), el Ayuntamiento tendría que devolver las cantidades entregadas hasta el momento".
Es por ello por lo que denunció públicamente que el Consistorio de esta localidad "hiciera caso omiso a las manifestaciones mayoritarias de la gente en contra del Plan, que contemplaba ésta y otras macrourbanizaciones".
Otra de las críticas por parte del portavoz de esta plataforma fue el hecho de que "la promotora debía dejar al Ayuntamiento el 10 por ciento del suelo, según el artículo 80 de la Ley del Suelo, para equipamientos, colegios o lo que estimara, pero en el convenio se acuerda que ese 10 por ciento se lo pagarían al Ayuntamiento con el objetivo de construir viviendas, con un precio estipulado de 237 euros por metro cuadrado"; una cantidad, a su juicio, "barata".
Por último, subrayó que "el plazo que se estima máximo para la ejecución de la totalidad de las obras de urbanización, no de construcción, es de 12 años".