MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Española de Policía (CEP) remitió ayer una propuesta a la Fiscalía General del Estado para que ésta reparta una circular entre los fiscales ordenándoles que judicialicen las ocupaciones de armas blancas a presuntos miembros de grupos radicales para que se les pueda acusar de un delito y dejen de responder simplemente con una sanción económica.
"Hasta ahora, el resultado de la ocupación policial de un arma prohibida en la vía pública a un miembro de grupos radicales, era la instrucción de un expediente administrativo en las Delegaciones del Gobierno, con la simple multa económica, lo que se pretende es que en caso de ser portada por miembros radicales se aplique lo dispuesto en el Código Penal", explica CEP en un comunicado.
El sindicato policial dice apoyarse para esta petición en los últimos altercados producidos por miembros de la ultra derecha y de la izquierda radical este mismo mes. La CEP dice que la Policía intervino a los manifestantes de ultraizquierda concentrados en la Puerta del Sol el pasado día 17 un total de 62 armas blancas, entre hachas, cuchillos, y machetes a los grupos de extrema izquierda, "todo ellos sin contar la intervención de docenas de esas mismas armas a grupos radicales en el resto de España en esas mismas fechas".
