Casi el 60 por ciento de los diputados del Congreso han recogido ya su agenda PDA y 123 su firma electrónica

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aproximadamente el 60 por ciento de los 350 diputados del Congreso ya habían recogido, a las cinco de esta tarde, su agenda electrónica PDA (Personal Digital Assistant) y 123 se habían hecho con su certificado personal de firma electrónica. Los parlamentarios tienen de plazo hasta el próximo jueves para hacerse con estos instrumentos, que forman parte del Plan de Modernización puesto en marcha por la Cámara Baja.

Según informaron a Europa Press en fuentes de empresa encargada de repartir las agendas y de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que tramita las tarjetas con la firma electrónica, los parlamentarios que se acercan a la sala habilitada para el reparto reciben una breve 'clase práctica' de como utilizar ambos instrumentos.

En concreto, a cada diputado se le da una agenda PDA de la marca QTEC, modelo 9100, cuyo valor en el mercado de particulares ronda los 500 euros. Este terminal se considera como un ordenador de bolsillo, ya que, además del tener integrado el teléfono móvil, dispone de un teclado y pantalla táctil, así como sistema operativo 'Windows'.

La PDA se podrá utilizar como agenda personal y para navegar por Internet, y será fundamental para el acercamiento del Congreso a uno de los objetivos básicos del Plan de Modernización: La implantación de la Oficina Móvil del Diputado, que permitirá a los parlamentarios realizar su labor desde cualquier lugar.

Además, hasta la cinco de esta tarde 123 diputados se habían hecho ya la tarjeta que contiene su firma electrónica, un sistema de acreditación que permite verificar la identidad de las personas con el mismo valor que la manuscrita y con total seguridad. En el futuro con esta tarjeta podrán presentar todo tipo de iniciativas legislativas desde cualquier lugar y desde hoy podrán acceder a cualquier entidad que trabaje con este método con total seguridad.

LA FIRMA ELECTRONICA Y EL IRPF

Junto a su tarjeta han recibido dos CD-ROM que contienen el 'software' para poder configurar sus tarjetas, cambiar su número secreto o desbloquearla en caso de que se les bloquee. También se les entregan dos lectores de tarjeta para que puedan utilizarla tanto en sus ordenadores de mesa como en los portátiles.

Aunque, de momento, la firma electrónica se utilizará sólo para el correo electrónico, posteriormente, se irán incluyendo nuevas aplicaciones, como la presentación de iniciativas parlamentarias o la identificación en el Portal del Parlamentario, hasta alcanzar su total funcionalidad.

Algunos de los diputados han reclamado información sobre si al solicitar el certificado de firma electrónica se anulaba o no el que ya tenían vigente para poder hacer, por ejemplo, la declaración de la renta. Una vez que se les ha aclarado la creación de un nuevo certificado anulaba el anterior pero no afectaba al IRPF, unos han optado por hacerse el nuevo y otros han preferido esperar a concluir sus gestiones con Hacienda.

EL REY FUE EL PRIMER USUARIO.

El pasado día 1 de junio, cuando inauguró la nueva ampliación del Congreso, el Rey utilizó por primera vez de forma simbólica este formato que ahora se abre a los diputados y que paulatinamente se irá extendiendo también a los funcionarios y al resto del personal de la Cámara Baja.

Tanto la PDA como la firma electrónica forman parte del Plan de Modernización del Congreso de los Diputados, que ha empezado a ejecutarse recientemente. Otra de las acciones del Plan que ya se está llevando a cabo es la renovación de los equipos informáticos de la Cámara.

El objetivo del Plan de Modernización es situar a la Cámara Baja en los dos próximos años en un nivel alto de excelencia dentro del sector público y de la administración electrónica española. Para desarrollar esta 'revolución tecnológica' y colocarse a la vanguardia de la sociedad de la información, el Congreso tiene previsto invertir 17 millones de euros hasta 2007. El grueso de este plan se ha adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Indra y Telefónica por 13,946 millones de euros.